Contexto y tribunal de revisión

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profirió sentencia el 24 de julio de 2025 en el expediente de tutela que fue presentado contra una empresa del sector comercial. Esta Sala revisó los fallos previos emitidos por dos juzgados de Barranquilla, correspondientes a primera y segunda instancia, que declararon la improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, quien laboraba para la empresa demandada desde 2011 hasta julio de 2024 como asesora de ventas, solicitó tutela en representación propia y de sus dos hijos menores, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales: estabilidad laboral reforzada como madre cabeza de familia, mínimo vital, seguridad social, protección en salud y no discriminación, tras la terminación unilateral de su contrato sin justa causa. El fundamento central de la acción fue que la terminación del contrato no tuvo en cuenta su condición de madre cabeza de familia, dado que sus hijos presentan condiciones especiales de salud que demandan atención continua. La accionante alegó además la falta de apoyo económico y físico del padre de los menores y ausencia de respaldo familiar suficiente. La empresa respondió que la tutela no era procedente porque existían mecanismos judiciales ordinarios para resolver la controversia laboral y que no se configuraba un perjuicio irremediable. Además, indicó que había cumplido con sus obligaciones laborales y entregado la liquidación correspondiente. Los juzgados de primera y segunda instancia confirmaron la improcedencia de la acción de tutela, señalando que la jurisdicción ordinaria laboral es el escenario idóneo y natural para resolver estas controversias y que no se había acreditado un perjuicio irremediable ni la condición de madre cabeza de familia conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Análisis de la Corte Constitucional

La Sala Cuarta de Revisión abordó inicialmente su competencia para conocer del proceso y verificó el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la tutela. Se constató la legitimación activa de la accionante para solicitar el amparo en nombre propio y de sus hijos menores, así como la legitimación pasiva de la empresa empleadora, responsable del presunto acto vulnerador. Se confirmó la inmediatez de la acción al presentarse la tutela poco más de un mes después de la terminación del contrato. El aspecto central fue el análisis del requisito de subsidiariedad, establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, que limita la procedencia de la tutela cuando existen otros medios judiciales idóneos y eficaces para proteger el derecho fundamental alegado, salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La Corte recordó que la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social es la competente para conocer de los conflictos relacionados con contratos de trabajo, al contar con un proceso diseñado para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, con facultades para adoptar medidas cautelares oportunas. Por tanto, esta jurisdicción constituye un mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Respecto a la existencia de un perjuicio irremediable, la Sala concluyó que no se acreditó en el caso concreto. La accionante contaba con una indemnización derivada de la terminación del contrato, sus hijos estaban afiliados al sistema de salud y recibían atención especializada, y ella misma realizaba actividades productivas informales que le proporcionaban ingresos. En conjunto, estas circunstancias no demostraron un daño inminente y grave que justificara el desplazamiento de la competencia del juez ordinario. Adicionalmente, la Corte evaluó la condición de madre cabeza de familia conforme a los criterios jurisprudenciales, que requieren entre otros que el empleo sea la única fuente económica para el sostenimiento del hogar y que exista una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros familiares. En este caso, se evidenció que la accionante contaba con apoyo familiar relevante que contribuía tanto en lo económico como en el cuidado de sus hijos, lo que impidió calificarla en dicha condición para efectos de la tutela. Finalmente, la Sala señaló que la discusión sobre el desempeño laboral y los procesos disciplinarios que motivaron la terminación del contrato deben ser resueltos en la jurisdicción ordinaria laboral, con oportunidad para presentar pruebas y garantizar el debido proceso.

Decisión final

En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, que a su vez confirmó el fallo del Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de la misma ciudad, declarando la improcedencia de la acción de tutela por ausencia del requisito de subsidiariedad. Esta decisión reafirma el principio constitucional de que la acción de tutela es un mecanismo de protección excepcional y subsidiario, que no sustituye los procedimientos ordinarios cuando estos existen y son eficaces para la defensa de los derechos fundamentales en controversia. Así, se garantiza que el sistema judicial preserve el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y el respeto a los mecanismos procesales establecidos para su defensa.