Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió un auto mediante el cual se abstuvo de resolver un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. La providencia, dictada en segunda instancia administrativa, se enmarca en el ejercicio de la función de resolver conflictos de competencia, prevista en los artículos 39 y 112 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de una queja disciplinaria presentada en febrero de 2023 contra una comisaría de familia de Kennedy 3, por presuntas irregularidades en la atención de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. La Secretaría de Integración Social de Bogotá, a través de su Oficina de Control Disciplinario Interno, abrió investigación disciplinaria en marzo de 2023. Posteriormente, en noviembre de 2024, dicha oficina se abstuvo de continuar con el proceso argumentando falta de competencia, y remitió el caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, en atención a la Ley 2430 de 2024, que asigna competencia para conocer de procesos disciplinarios contra autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales de manera excepcional, transitoria u ocasional. No obstante, en febrero de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial también declaró su falta de competencia para conocer del caso, basándose en la irretroactividad de la Ley 2430 de 2024, pues los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en vigencia de dicha ley (marzo de 2022). Por ello, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que decidiera sobre el conflicto. Durante el trámite, se fijó un edicto para que las partes presentaran sus alegatos. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social presentó sus argumentos, mientras que la Comisión guardó silencio, salvo una solicitud posterior para que se le devolviera el expediente, apoyándose en precedentes jurisprudenciales recientes que le asignaron competencia para conocer actos jurisdiccionales de comisarías de familia cometidos en cualquier tiempo.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Sala analizó las normas aplicables, principalmente el artículo 58 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el artículo 114 de la Ley 270 de 1996, asignando a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial competencia para conocer en primera instancia de procesos disciplinarios contra jueces, fiscales, empleados judiciales, abogados y quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera excepcional o transitoria. La Comisión Seccional argumentó que su competencia se limita a hechos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2430 (9 de octubre de 2024), mientras que la Oficina de Control Disciplinario sostuvo que, con base en la Ley 1952 de 2019 y la naturaleza de las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia según la Ley 2126 de 2021, la competencia para conocer del proceso corresponde a la Comisión Seccional, incluso para hechos anteriores a octubre de 2024. Importante es la interpretación de la Sala respecto a la existencia del conflicto de competencias. Para que este sea procedente, debe existir un rechazo simultáneo o sucesivo y expreso de la competencia por parte de ambas autoridades involucradas. En este caso, la Comisión Seccional, mediante solicitud formal, manifestó su intención de asumir la competencia y solicitó la devolución del expediente para continuar con la investigación. Por lo tanto, la Sala concluyó que el conflicto de competencias desapareció por la admisión de competencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, lo que impide que la Sala emita un pronunciamiento de fondo.

Decisión y efectos procesales

En consecuencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado decidió:

• Abstenerse de resolver el fondo del conflicto de competencias por inexistencia del mismo.
• Devolver el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que asumió la competencia para adelantar la investigación disciplinaria.
• Comunicar la decisión a las entidades involucradas y a la autoridad disciplinada.
• Establecer la suspensión y posterior reanudación de los términos legales del proceso administrativo, conforme a lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y su modificación.

Asimismo, se dejó constancia de que contra esta decisión no procede recurso alguno, en virtud del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Conclusión

Esta providencia pone de manifiesto la importancia de la correcta delimitación de competencias en materia disciplinaria, particularmente cuando se trata de autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales de forma excepcional o transitoria. Además, resalta la necesidad de que las autoridades involucradas manifiesten de manera clara y oportuna su posición sobre la competencia para evitar la prolongación innecesaria de conflictos que puedan afectar la eficacia del procedimiento disciplinario. Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la legalidad y la eficiencia en la administración pública, garantizando que los procesos disciplinarios se conduzcan dentro del marco normativo adecuado y con respeto a los derechos de los involucrados. De esta forma, se fortalece la confianza en las instituciones y se asegura la correcta impartición de justicia en materia disciplinaria.