Providencia judicial en segunda instancia sobre pérdida de investidura

El Consejo de Estado, en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y por medio de un auto fechado el 12 de agosto de 2025, conoció la solicitud de pérdida de investidura presentada contra un congresista. Esta providencia se enmarca en el proceso de decisión especial de pérdida de investidura, radicado bajo el número 11001-03-15-000-2025-03442-00.

Antecedentes fácticos y procesales

El solicitante interpuso una petición para que se declare la pérdida de investidura de un congresista, argumentando irregularidades relacionadas con la gestión de contratos en una entidad pública de formación técnica y tecnológica. Durante el proceso, se ordenó remitir el expediente para estudio de acumulación de procesos, pero el despacho receptor resolvió no acumularlos, lo que hizo innecesario pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto contra dicha orden. Adicionalmente, el solicitante llamó la atención sobre el incumplimiento del congresista respecto al deber procesal de enviar a las demás partes los memoriales presentados, conforme al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso (CGP) y el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011. El congresista no remitió el memorial de contestación radicado el 11 de julio de 2025, lo que podría dar lugar a la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción.

Consideraciones jurídicas y decisión principal

El Consejo de Estado recordó que, aunque la normativa procesal establece la obligación de notificar electrónicamente a la contraparte, la omisión de este deber no afecta la validez de la actuación procesal. Además, aunque la parte afectada puede solicitar la imposición de una multa, el tribunal consideró que esta medida no resulta razonable en el presente caso, dado que las actuaciones se enmarcan en el ejercicio de una acción ciudadana. Por tanto, en lugar de imponer la multa solicitada, la Sala exhortó a las partes para que en adelante cumplan estrictamente con el deber de remitir copias de los memoriales conforme al artículo 78 del CGP y su aplicación por remisión del artículo 186 del Código de lo Contencioso Administrativo. Respecto al trámite del proceso, el auto decretó la admisión de las pruebas documentales aportadas por el solicitante. Entre estas se encuentran formularios oficiales, gacetas del Congreso, decretos, enlaces a videos y audios con contenido relevante para el caso, así como documentos administrativos relacionados con procesos de contratación pública. Para garantizar la integridad y disponibilidad de las pruebas, se ordenó a la Secretaría del Consejo de Estado, con el apoyo de la Oficina de Sistemas, descargar el contenido de los enlaces y anexarlos al expediente digital en la plataforma SAMAI. Además, se deberá dejar constancia de la fecha y hora de acceso, así como de cualquier restricción o error en la descarga. Finalmente, una vez incorporadas las pruebas, se otorgó un traslado a las partes por un término de tres días para que puedan conocerlas, y se instruyó realizar el paso al despacho para fijar la fecha y hora de la audiencia pública prevista en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018.

Importancia del auto en el proceso de pérdida de investidura

Este auto es una etapa procesal clave en la tramitación de la solicitud de pérdida de investidura, ya que clarifica aspectos formales relacionados con las notificaciones y la admisión de pruebas, sin emitir aún un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto. La providencia contribuye a garantizar el debido proceso y la transparencia en la gestión de esta figura constitucional, que es un mecanismo esencial para la supervisión ciudadana de la conducta de los funcionarios públicos. Asimismo, el auto pone en relieve el uso de nuevas tecnologías en el proceso judicial, resaltando la importancia del cumplimiento de las obligaciones de notificación electrónica para asegurar la comunicación efectiva entre las partes y la correcta administración de justicia. En síntesis, el Consejo de Estado avanza en la estructuración probatoria del caso, manteniendo un equilibrio entre la formalidad procesal y la promoción del ejercicio ciudadano en la vigilancia de la función pública, fortaleciendo así la confianza en los mecanismos democráticos de control y rendición de cuentas.