Providencia de primera instancia en tutela contra sentencia judicial

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en decisión del 31 de julio de 2025, negó una acción de tutela presentada contra una sentencia judicial de 5 de mayo de 2025. La tutela fue instaurada por un grupo de familiares de una persona que sufrió lesiones por una caída en una escalera del Palacio de Justicia de Pereira, y que impugnaban la sentencia emitida por la Sección Tercera, Subsección A del mismo alto tribunal.

Antecedentes y contexto del caso

El accidente ocurrió el 29 de agosto de 2017, cuando la afectada cayó desde una escalera que conectaba el primer piso y el basamento del edificio, resbalando sobre una sustancia gelatinosa sin señalización ni medidas de seguridad adecuadas, como iluminación o pasamanos. Las lesiones fueron graves y requirieron atención médica con incapacidad prolongada. Posteriormente, en septiembre de 2020, se instauró una demanda de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, específicamente contra el Consejo Superior de la Judicatura, quien a su vez llamó en garantía a una compañía de seguros. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a la demanda, atribuyendo la responsabilidad a la ausencia de señalización y de medidas de seguridad en el sitio del accidente. Sin embargo, el Consejo de Estado, en segunda instancia, revocó esta sentencia el 5 de mayo de 2025 al considerar que no se demostraron suficientemente las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente, por lo que no podía atribuirse responsabilidad a la Rama Judicial.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La tutela fue promovida argumentando que la sentencia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, alegando defectos fácticos, sustantivos y desconocimiento de precedente judicial. El Consejo de Estado analizó en primer lugar los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, conforme a la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se recordó que la tutela es un mecanismo excepcional para la protección inmediata de derechos fundamentales, no una instancia adicional para reabrir debates probatorios o legales ya agotados. Para que la tutela proceda contra decisiones judiciales se exige, entre otros, que exista un defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento de precedentes o violación directa de la Constitución, y que la vulneración alegada sea de evidente relevancia constitucional. En el caso concreto, el tribunal concluyó que se cumplían los requisitos generales para examinar la tutela en cuanto a la reclamación sobre responsabilidad estatal, dado que los derechos fundamentales invocados fueron claramente identificados y la acción fue presentada con inmediatez. No obstante, respecto a la impugnación sobre la condena en costas, se consideró que no existía relevancia constitucional, pues el desacuerdo era de naturaleza económica y no afectaba derechos fundamentales. En cuanto a los defectos alegados, se determinó que no existió defecto fáctico, ya que la autoridad judicial valoró adecuadamente la prueba disponible, incluyendo informes de investigación y testimonios, y encontró insuficiente la evidencia para atribuir el accidente al lugar señalado con certeza. Tampoco se configuró defecto sustantivo, pues las condiciones del lugar no fueron demostradas por la parte demandante y no hubo violación de normas procesales o constitucionales. El tribunal también descartó el desconocimiento del precedente judicial invocado, pues el caso citado por la parte actora no era aplicable dado que sus supuestos fácticos y jurídicos eran diferentes y no vinculantes para la decisión en examen. Finalmente, se resaltó el respeto a la autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica, limitando la función de la tutela para evitar que se convierta en un recurso para reabrir procesos o modificar decisiones judiciales en materia probatoria o económica.

Conclusión de la providencia

Por lo anterior, el Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela en relación con la condena en costas y negó el amparo solicitado respecto a los demás cargos. La providencia subraya que la tutela no puede usarse como un mecanismo para desconocer la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada por el juez natural, manteniendo así la sentencia que revocó parcialmente la condena por responsabilidad estatal. Se informó además que, de no ser impugnada oportunamente, el expediente sería remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta decisión reafirma los límites y condiciones para la procedencia de la acción de tutela frente a sentencias judiciales, fortaleciendo el respeto al debido proceso y a la independencia de los tribunales en Colombia.