Contexto y tribunal competente

El Consejo de Estado, en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en particular la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sede de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, emitió un auto interlocutorio el primero de agosto de 2025. Este auto se dicta en una instancia procesal donde se analiza la legalidad de actos administrativos relacionados con registros de propiedad industrial.

Antecedentes fácticos y procesales

El litigio tiene como objeto la impugnación de dos resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que otorgaron el registro como marca nominativa de un signo distintivo para productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de una sociedad interesada. La parte actora solicitó la nulidad de dichos actos argumentando vulneraciones a normas de propiedad industrial contenidas en la Decisión 486 de 2000 y a disposiciones constitucionales. Durante el trámite, la audiencia inicial prevista para avanzar en el proceso no había sido programada aún. La parte actora solicitó la práctica de pruebas documentales, consistentes en certificaciones relacionadas con otros registros de marcas, para las cuales se pidió oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, no se plantearon pruebas orales ni testimoniales que requirieran diligencia presencial.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El auto interlocutorio se fundamenta principalmente en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Esta norma contempla la posibilidad de dictar sentencia anticipada...