Contexto y naturaleza de la decisión
El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió un auto interlocutorio el primero de agosto de 2025, en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta providencia se pronuncia sobre la procedencia de celebrar o no la audiencia inicial prevista en el proceso administrativo contencioso. De acuerdo con la normativa vigente, el tribunal decidió prescindir de esta audiencia y fijar el litigio, conforme a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA, incorporado por la Ley 2080 de 2021.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso fue iniciado por una sociedad que impugnó una resolución de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. La resolución objeto de la demanda negó el registro de una marca mixta para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La controversia se centra en determinar si dicha resolución vulnera el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable al caso.
El actor solicitó, en el escrito de demanda, la práctica de ciertas pruebas documentales adicionales, relacionadas con la titularidad de otras marcas que incorporan una imagen similar a la controvertida. Sin embargo, el tribunal observó que no se acreditó que tales documentos hubiesen sido solicitados previamente a la autoridad administrativa, requisito indispensable conforme a los artículos 78 y 173 del Código General del Proceso, aplicables al proceso contencioso administrativo.
Consideraciones jurídicas y fundamentos de la providencia
El auto interlocutorio se basa primordialmente en el artículo 182A del CPACA, que regula la posibilidad de dictar sentencia anticipada y prescindir de la audiencia inicial cuando se cumplen determinados requisitos. Entre estos, destacan:
- Que el asunto sea de puro derecho.
- Que no existan pruebas por practicar o que las pruebas solicitadas sean exclusivamente documentales aportadas en la demanda y contestación, sin tachas ni desconocimientos.
- Que las pruebas adicionales solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
En el caso concreto, el tribunal concluyó que el proceso versaba sobre un asunto de puro derecho y que únicamente se aportaron pruebas documentales, sin que existieran otras pruebas por practicar. Por ello, decidió prescindir de la audiencia inicial y fijar el litigio con base en los documentos aportados por las partes y los antecedentes administrativos.
Respecto a la solicitud de práctica de pruebas adicionales, el tribunal se abstuvo de concederlas debido a la falta de acreditación de que tales documentos hubiesen sido requeridos previamente a la autoridad correspondiente, conforme a la normativa procesal aplicable. Esta decisión responde a la obligación de las partes de abstenerse de solicitar al juez la consecución de documentos que podrían obtener directamente o mediante derecho de petición, salvo que acrediten que esta vía fue infructuosa.
Finalmente, el tribunal indicó que, dado que el asunto se relaciona con propiedad intelectual, una vez notificada y ejecutoriada esta providencia, se evaluará si es necesario solicitar una interpretación prejudicial sobre la norma comunitaria presuntamente vulnerada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o aplicar la doctrina del acto aclarado.
Conclusión de la providencia
En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado resolvió:
- Prescindir de la realización de la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación del artículo 182A del mismo código.
- Fijar el litigio en los términos expuestos en la providencia.
- Tener como pruebas, en cuanto sean conducentes y por el valor que en derecho corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones, así como los antecedentes administrativos del acto objeto de controversia.
- Abstenerse de decretar la práctica de la prueba documental solicitada por la parte demandante, por no cumplir con los requisitos procesales.
Esta decisión representa un ejemplo de la aplicación de mecanismos procesales orientados a la descongestión y celeridad en los procesos administrativos contencioso-administrativos, especialmente en asuntos de puro derecho y pruebas documentales. La providencia resalta la importancia de cumplir con los requisitos probatorios y procesales para la admisión de pruebas y la adecuada fijación del litigio, aspectos fundamentales para el desarrollo ordenado y eficiente del proceso judicial.
Con esta medida, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la eficacia procesal y la correcta interpretación del marco normativo aplicable, garantizando así el respeto a los derechos de las partes y la correcta administración de justicia en materia de propiedad intelectual.
