Contexto y tribunal que profiere la decisión
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la ciudad de Bogotá, emitió un auto interlocutorio el 1 de agosto de 2025, en calidad de tribunal de primera instancia dentro del proceso contencioso administrativo. La providencia se refiere a un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por una sociedad contra una resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), específicamente por el Director de Signos Distintivos de dicha entidad.
Antecedentes fácticos y procesales
La parte actora promovió la acción de nulidad relativa contra la Resolución número 38819, del 3 de julio de 2017, mediante la cual se concedió el depósito del nombre comercial mixto "EPK" a favor de otra sociedad. Simultáneamente, solicitó el restablecimiento del derecho mediante la cancelación del certificado de depósito correspondiente.
El Despacho, a través de un auto fechado el 4 de octubre de 2024, adecuó el trámite a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, admitió la demanda y vinculó como tercero con interés directo en el proceso a la sociedad titular del nombre comercial. La Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interesado contestaron la demanda, mientras que el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
Consideraciones jurídicas de la providencia
El auto interlocutorio se fundamenta principalmente en la aplicación del artículo 182A del CPACA, incorporado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que regula la posibilidad de dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial en casos específicos, tales como aquellos que versen sobre asuntos de puro derecho y en los que no exista necesidad de practicar pruebas adicionales.
En este caso, el Consejo de Estado constató que no se requería la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, dado que el proceso no presenta elementos fácticos que demanden la práctica de pruebas orales o testimoniales, y que las pruebas aportadas y solicitadas son exclusivamente documentales, las cuales ya reposan en el expediente.
El tribunal explicó que, conforme al numeral 1 del artículo 182A, se pueden dictar autos prescindiendo de audiencia cuando:
- Se trate de asuntos de puro derecho.
- No haya necesidad de practicar pruebas.
- Las pruebas solicitadas sean únicamente documentales aportadas con la demanda y la contestación, sin que se haya formulado tacha o desconocimiento.
Asimismo, la providencia fija el litigio, es decir, delimita el objeto de controversia, que en este caso es determinar si la resolución que concedió el depósito del nombre comercial vulnera los artículos 135, 136, 194 y 195 de la Decisión 486 de 2000, que regula el régimen común sobre propiedad industrial en la Comunidad Andina.
En cuanto a las pruebas, se tendrán en cuenta, por su valor probatorio correspondiente, los documentos aportados con la demanda, la contestación de la Superintendencia y la intervención del tercero con interés directo, además de los antecedentes administrativos relacionados con el acto controvertido.
El Despacho también señaló que, antes de proseguir con la fase de alegatos, evaluará la necesidad de solicitar una interpretación prejudicial de las normas comunitarias mencionadas ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de esclarecer la correcta aplicación de dichas disposiciones en el proceso.
Decisión adoptada
En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado ordenó:
- Prescindir de la realización de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, conforme a lo dispuesto en el artículo 182A de la misma ley.
- Fijar el litigio en los términos expuestos en la providencia, centrado en la posible vulneración normativa de la resolución impugnada.
- Tener como pruebas, en cuanto sean conducentes y por el valor que en derecho corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación, así como los antecedentes administrativos del acto objeto de controversia.
- Prescindir de la celebración de las audiencias de pruebas, alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 del CPACA.
La providencia fue notificada y quedó en firme para cumplir con lo ordenado, marcando un paso significativo en la tramitación del proceso judicial sobre propiedad intelectual en Colombia.
Importancia del auto interlocutorio en la administración de justicia
Este auto interlocutorio ejemplifica la aplicación práctica de mecanismos procesales diseñados para la eficiencia judicial, en especial en materias donde el derecho es claro y no se requiere la práctica de pruebas complejas. La decisión de prescindir de la audiencia inicial agiliza la tramitación, reduce costos y permite una resolución más expedita, siempre garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes.
Asimismo, la fijación del litigio constituye una etapa crucial que delimita el debate jurídico, facilitando una sentencia clara y fundamentada que se pronuncie estrictamente sobre los puntos controvertidos.
En suma, esta providencia refleja la tendencia del sistema judicial colombiano hacia una administración de justicia más dinámica y adaptada a la naturaleza específica de cada caso, en particular en asuntos relacionados con la propiedad industrial y el derecho comunitario andino.
