Providencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

El pasado primero de agosto de 2025, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió un auto interlocutorio dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La providencia se refiere a un recurso interpuesto por una Entidad Promotora de Salud (EPS) contra la cancelación del registro marcario de una marca nominativa para productos clasificados en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. Este auto interlocutorio tiene por objeto principal prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, fijar el litigio y pronunciarse sobre las pruebas, en virtud de lo establecido en el artículo 182A del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de cancelar el registro marcario de la marca cuestionada. La EPS demandante solicitó la nulidad de las resoluciones administrativas que ordenaron dicha cancelación y la resolución del recurso de apelación interpuesto. En el trámite procesal, la audiencia inicial prevista para avanzar en el proceso aún no había sido fijada. Sin embargo, no existían pruebas adicionales por practicar, ya que las pruebas aportadas eran exclusivamente documentales, contenidas en la demanda y su contestación, junto con los antecedentes administrativos relacionados con los actos impugnados.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en el artículo 182A del CPACA, que regula la posibilidad de dictar sentencia anticipada y prescindir de la audiencia inicial en ciertos supuestos. Según esta norma, la audiencia puede omitirse cuando se trate de asuntos de puro derecho, no se requiera la práctica de pruebas o cuando las pruebas consistan únicamente en documentos aportados con la demanda y contestación, sin impugnación de su autenticidad o validez. En este caso, el tribunal concluyó que se cumplen los requisitos para aplicar esta disposición, dado que no hay pruebas adicionales que deban practicarse y el asunto es de carácter estrictamente jurídico. Por ello, se prescindió de la audiencia inicial, se fijó el litigio en torno a la nulidad de las resoluciones de la SIC que cancelaron el registro marcario, y se consideraron como pruebas válidas los documentos aportados. Además, la Sala indicó que, debido a la naturaleza del asunto relacionado con propiedad intelectual y normas comunitarias, será necesario evaluar la procedencia de solicitar una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para esclarecer la correcta aplicación de las disposiciones supuestamente vulneradas.

Implicaciones del auto interlocutorio y próximos pasos procesales

Con este auto interlocutorio, la Sala de lo Contencioso Administrativo avanza en el trámite del proceso, eliminando una etapa procesal que se consideró innecesaria. Esto contribuye a agilizar la resolución del conflicto, manteniendo el rigor jurídico y respetando los principios de economía procesal. El tribunal notificó esta decisión a las partes y fijó el litigio, definiendo claramente el objeto de controversia en el proceso. Posteriormente, se correrá traslado para que las partes presenten alegaciones de conclusión, previo a la emisión de la sentencia definitiva por escrito. Esta providencia destaca la aplicación práctica de las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021 al CPACA, orientadas a descongestionar la carga judicial y optimizar la administración de justicia en asuntos que pueden resolverse sin necesidad de pruebas adicionales o audiencias iniciales.

Conclusión

El Consejo de Estado, en ejercicio de su función jurisdiccional, ha emitido un auto interlocutorio que prescinde de la audiencia inicial en un proceso de nulidad de registro marcario, fijando el litigio y definiendo las pruebas a considerar. La decisión se basa en una interpretación estricta del artículo 182A del CPACA, contribuyendo a la eficiencia procesal y a una resolución más expedita de los conflictos jurídicos relacionados con la propiedad intelectual y actos administrativos. Con ello, se reafirma el compromiso del Consejo de Estado con la modernización judicial y la garantía de un proceso justo, eficiente y acorde con las reformas legales vigentes.