Contexto y naturaleza de la providencia

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, profirió un auto interlocutorio el primero de agosto de 2025 en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La providencia se dicta en una etapa previa a la audiencia inicial, la cual estaba pendiente de programación, y se enfoca en la aplicación del artículo 182A del CPACA, adicionado por la Ley 2080 de 2021, que permite prescindir de dicha audiencia en ciertos casos.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por la demanda interpuesta contra dos resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que decidieron cancelar el registro de la marca “LEE” por no uso, correspondiente a productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora solicita la nulidad de estos actos administrativos, argumentando vulneración de normas tanto nacionales como comunitarias, específicamente el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política. Durante la tramitación, se aportaron documentos con la demanda y la contestación, y se solicitó la práctica de una prueba documental adicional consistente en la expedición de una certificación sobre la historia y estado actual del registro marcario en cuestión. Sin embargo, no se solicitó ni se considera necesaria la práctica de pruebas en audiencia.

Fundamentos jurídicos y consideraciones de la providencia

El auto interlocutorio se fundamenta en el artículo 182A del CPACA, que faculta al juez o magistrado a dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando se trate de asuntos de puro derecho que no requieren la práctica de pruebas adicionales, o cuando las pruebas sean exclusivamente documentales y no hayan sido impugnadas. Dado que el caso en examen versa sobre la interpretación jurídica de actos administrativos y se sustenta en pruebas documentales ya aportadas, el Consejo de Estado concluyó que es procedente prescindir de la audiencia inicial. En consecuencia, el tribunal fijó el litigio, esto es, delimitó el objeto de controversia, que es determinar si las resoluciones que cancelaron el registro marcario vulneran las disposiciones normativas señaladas en la demanda. Además, el despacho ordenó incorporar al expediente el certificado solicitado sobre el estado actual del registro de la marca, el cual será descargado del Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI) de la Superintendencia de Industria y Comercio. Posteriormente, se correrá traslado a las partes e intervinientes para que puedan formular alegatos en un término de tres días. Por último, se prescindió también de la celebración de las audiencias de pruebas, alegatos y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 del CPACA, con base en que resulta innecesaria su realización para la decisión del asunto.

Implicaciones procesales y próximos pasos

Este auto interlocutorio evidencia la aplicación práctica de las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, encaminadas a mejorar la eficiencia procesal en la jurisdicción contencioso administrativa, permitiendo avanzar en causas que son esencialmente jurídicas sin la necesidad de agotar trámites formales que no aportan elementos nuevos para la decisión. Además, el tribunal anunció que, una vez cumplidos los términos para alegar y ejecutoriada esta providencia, examinará si es necesario solicitar una interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de la norma comunitaria cuya presunta vulneración se alega. Este paso es relevante en materia de propiedad intelectual cuando se cuestionan actos administrativos que pueden involucrar normas supranacionales. Finalmente, cumplidas estas etapas, el expediente será remitido al despacho ponente para que profiera la decisión final conforme a derecho. --- En síntesis, este auto interlocutorio del Consejo de Estado refleja una aplicación concreta de las disposiciones procesales que agilizan la administración de justicia en temas de propiedad intelectual, al tiempo que garantiza el respeto a los derechos de las partes y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.