Contexto y naturaleza de la decisión
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Primera, emitió un auto interlocutorio el 1º de agosto de 2025, en el que resolvió sobre una solicitud de sentencia de unificación jurisprudencial. Esta figura procesal, prevista en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA), permite que el Consejo de Estado asuma el conocimiento de asuntos pendientes de fallo para unificar criterios jurisprudenciales cuando existan razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social, o necesidad de sentar jurisprudencia.
En este caso, la solicitud fue presentada por el demandante dentro de un proceso de nulidad que se tramita en segunda instancia ante un Tribunal Administrativo Regional. El propósito era que el Consejo de Estado asumiera el conocimiento del proceso para emitir una sentencia de unificación jurisprudencial sobre un tema controvertido relativo al control de legalidad en la creación de actos administrativos municipales, específicamente en torno a la validez oponibilidad del control ejercido por gobernadores sobre acuerdos municipales.
Antecedentes fácticos y procesales
El demandante planteó que existía diferencia en la interpretación judicial sobre si la falta de revisión de legalidad por parte del gobernador en la creación de un acuerdo municipal afecta la validez del acto administrativo o solo su oponibilidad. Argumentó que esta divergencia implicaba una cuestión jurídica de gran importancia, con impacto económico y social, y que justificaba la intervención del Consejo de Estado mediante una sentencia de unificación jurisprudencial.
El auto interlocutorio expone que, conforme al artículo 271 del CPACA, para que el Consejo de Estado asuma conocimiento de un asunto pendiente de fallo mediante una sentencia de unificación, deben cumplirse ciertos requisitos:
- Que el asunto esté pendiente de fallo.
- Que la solicitud esté fundamentada en razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social, o necesidad de unificar jurisprudencia.
- Que el proceso sea de única o segunda instancia si proviene de tribunales administrativos.
Para verificar el estado del proceso en el Tribunal Administrativo Regional, el despacho requirió certificación oficial. Esta confirmó que el proceso ya había sido resuelto en segunda instancia mediante sentencia ejecutoriada que confirmó la decisión de primera instancia, la cual negó las pretensiones de la demanda.
Consideraciones jurídicas y motivo principal de la decisión
La existencia de una sentencia firme en segunda instancia implica que el proceso no se encuentra pendiente de fallo, condición indispensable para que el Consejo de Estado pueda asumir su conocimiento conforme a la normativa vigente. Por lo tanto, no existe objeto procesal que justifique la emisión de una sentencia de unificación jurisprudencial en este momento.
El auto interlocutorio enfatiza que la solicitud no puede prosperar si el proceso ya ha culminado con una decisión en segunda instancia, pues la finalidad de este mecanismo es precisamente resolver asuntos que aún están en curso y presentan controversias jurídicas relevantes. Al no cumplirse este requisito esencial, la petición fue rechazada.
Conclusión de la providencia
Con base en lo anterior, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en Sala Unitaria, resolvió rechazar la solicitud de sentencia de unificación jurisprudencial presentada en el medio de control de nulidad administrativo. La providencia fue notificada y quedó en firme, ordenándose el archivo del proceso con las anotaciones correspondientes.
Este pronunciamiento reafirma el criterio procesal respecto a los requisitos para la emisión de sentencias de unificación jurisprudencial, destacando la necesidad de que el asunto esté pendiente de resolución y que existan razones claras que justifiquen la intervención del máximo tribunal administrativo en busca de uniformar la interpretación del derecho.
En consecuencia, la decisión contribuye a delimitar el alcance de esta figura procesal y su correcta aplicación dentro del sistema contencioso administrativo, asegurando que solo se utilice en casos que impliquen realmente una controversia jurídica no resuelta y con impacto significativo. De esta forma, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve la coherencia en la interpretación y aplicación del derecho administrativo en Colombia.
