Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en primera instancia, profirió un auto interlocutorio el primero de agosto de 2025, mediante el cual rechazó la solicitud de medida cautelar de urgencia solicitada contra la Resolución núm. 20241300037057CS, emitida el 20 de septiembre de 2024 por el Superintendente encargado de Vigilancia y Seguridad Privada. La resolución impugnada suspendió los términos de las actuaciones administrativas a cargo de la entidad, como medida transitoria. La parte actora, representando intereses de empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, solicitó que se suspendieran provisionalmente los efectos de dicha resolución bajo el argumento de que la suspensión de términos había ocasionado perjuicios, especialmente porque algunas empresas fueron sancionadas cuando el término para ejercer la función sancionatoria habría caducado o perdido competencia.

Antecedentes fácticos y procesales

Con la demanda presentada, se solicitó la adopción de una medida cautelar de urgencia conforme al artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), buscando la suspensión inmediata y provisional de los efectos de la resolución cuestionada. La medida pretendía evitar un presunto daño inminente a las empresas del sector de seguridad privada derivado de la suspensión de términos administrativos. El Consejo de Estado debía valorar si la solicitud cumplía con los requisitos legales para decretar una medida cautelar de urgencia, que según el artículo 234 del CPACA, debe adoptarse sin previa notificación a la contraparte únicamente cuando se evidencie la urgencia y se cumplan todos los requisitos para su adopción.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado recordó que la medida cautelar de urgencia tiene carácter excepcional y debe estar justificada en la existencia de una situación apremiante que impida agotar el trámite ordinario. En este caso, la Sala Unitaria sostuvo que los argumentos presentados por la parte actora resultaban genéricos y no demostraron con suficiencia la urgencia requerida para suspender provisionalmente los efectos de la resolución. Específicamente, el auto interlocutorio señaló que la alegación de perjuicios ocasionados a las empresas por la suspensión de términos no evidenció una situación grave o apremiante que demandara una intervención judicial inmediata. Además, se tuvo en cuenta que la suspensión de términos administrativa tuvo lugar entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 2024, por lo que no existía un riesgo inminente que justificara la adopción de la medida cautelar solicitada. Como consecuencia, el Consejo de Estado decidió rechazar la solicitud de trámite de la medida cautelar de urgencia. No obstante, ordenó que, una vez ejecutoriado este auto, se corriera traslado a la entidad demandada para que se pronunciara sobre la solicitud de suspensión provisional conforme a lo previsto en el artículo 233 del CPACA, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa.

Relevancia y alcance

Esta decisión reafirma la rigurosidad con la que los tribunales administrativos analizan las solicitudes de medidas cautelares de urgencia, enfatizando la necesidad de que exista una demostración clara y específica de urgencia y daño inminente para su procedencia. La providencia también confirma el respeto al debido proceso, al garantizar que la entidad afectada pueda pronunciarse antes de que se adopten decisiones que puedan afectar sus competencias o funciones administrativas. En resumen, el Consejo de Estado mantiene el equilibrio entre la protección de derechos y la necesidad de respetar los procedimientos legales establecidos para la revisión de actos administrativos, asegurando que las medidas cautelares no se conviertan en herramientas de trámite ordinario sino en mecanismos excepcionales para situaciones de verdadera urgencia.