Providencia judicial en instancia única del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, actuando en única instancia a través de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, emitió un auto el 12 de agosto de 2025 en el proceso de nulidad simple identificado con el radicado 11001-03-26-000-2022-00036-00, en el que se cuestiona la legalidad de dos numerales de la Directiva Presidencial 01 de enero de 2022, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). La providencia se pronunció sobre la aplicación del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) –, que regula la posibilidad de dictar sentencia anticipada en determinados procesos administrativos.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso fue iniciado mediante demanda de nulidad simple presentada en enero de 2022, en la que se solicitó la anulación de los numerales primero y tercero de la Directiva Presidencial que establecía lineamientos para la contratación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión en entidades estatales. La parte demandante alegó que el numeral primero imponía un requisito adicional no previsto en la ley para la contratación y que, además, introducía limitaciones disfrazadas que vulneraban la potestad reglamentaria del Presidente de la República. En cuanto al numeral tercero, se cuestionó la obligación impuesta a todas las entidades estatales, incluso las sujetas a regímenes especiales, de publicar la información contractual en la plataforma SECOP, aduciendo que esta imposición contravenía las normas legales vigentes y reproducía disposiciones previamente suspendidas judicialmente. Durante el trámite, la demanda fue admitida y notificada a las partes, y la solicitud de medida cautelar fue negada tras la derogatoria de la directiva cuestionada mediante una nueva directiva en 2023. El DAPRE contestó la demanda defendiendo la legalidad de la norma, argumentando que las disposiciones cuestionadas no creaban requisitos adicionales ni limitaciones ilegales, y que la obligación de publicar la información contractual se encontraba respaldada en diversas normas legales posteriores y vigentes. También planteó excepciones de mérito. Finalizadas estas etapas procesales, el expediente ingresó al despacho ponente para la continuación del trámite conforme al CPACA.

Consideraciones jurídicas sobre la sentencia anticipada

El Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer el proceso, dado que se trata de la impugnación de un acto administrativo emanado del Presidente de la República, conforme al artículo 149 numeral 1 del CPACA. Además, la Sección Tercera es la encargada de resolver asuntos relacionados con contratación estatal, conforme al Reglamento Interno del Consejo de Estado. El auto analiza la figura de la sentencia anticipada regulada en el artículo 182A del CPACA, incorporada por la Ley 2080 de 2021, que permite al juez dictar sentencia sin necesidad de agotar todas las etapas procesales ordinarias cuando el asunto sea de puro derecho, no se requiera práctica de pruebas o las pruebas ofrecidas sean únicamente documentales y no controvertidas. En el caso concreto, el despacho encontró que el litigio versa sobre cuestiones exclusivamente jurídicas: la constitucionalidad y legalidad de los numerales de la directiva. Las pruebas consisten únicamente en copia del acto administrativo y normas citadas, sin tachas o desconocimientos por las partes. Por ello, se cumplen los requisitos para dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial.

Objeto del litigio y decisión

El juez ponente fijó el litigio en tres puntos concretos: 1. Determinar los efectos de la derogatoria del acto impugnado mediante una nueva directiva expedida en 2023. 2. Analizar si el numeral primero de la Directiva 01 de 2022 vulnera el ordenamiento jurídico al imponer requisitos no previstos y limitar la potestad reglamentaria. 3. Evaluar si el numeral tercero contraviene normas legales relativas a la obligación de publicación en SECOP y reproduce disposiciones suspendidas judicialmente. Además, el auto dispone tener como prueba válida la documental aportada por la parte demandante, otorgándole el valor legal que corresponda. Finalmente, se ordena prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA y continuar el trámite para la expedición de la sentencia anticipada, conforme al procedimiento establecido.

Relevancia y marco normativo

Esta providencia destaca la aplicación práctica de la figura de la sentencia anticipada en la jurisdicción contencioso-administrativa, que busca agilizar la resolución de procesos cuando la materia es exclusivamente jurídica y no requiere producción probatoria compleja. Además, pone de relieve la importancia del control judicial sobre actos administrativos de alta jerarquía, como las directivas presidenciales, especialmente en materia de contratación estatal, donde convergen principios constitucionales como la legalidad, la transparencia y la publicidad. El análisis procesal se enmarca en las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021 y demás normas que regulan el CPACA, que han modernizado y flexibilizado el trámite contencioso administrativo para adecuarlo a la realidad procesal y garantizar una justicia más eficiente. La decisión también subraya el respeto al debido proceso, asegurando que, aunque se prescinda de la audiencia inicial, las partes tienen oportunidad de alegar y que el juez fija claramente el objeto de la controversia para un pronunciamiento definitivo. --- En síntesis, el Consejo de Estado avanza en la consolidación de mecanismos procesales que permiten un trámite expedito en asuntos de derecho, al tiempo que realiza un control riguroso de la legalidad de actos administrativos emitidos en el ámbito del Poder Ejecutivo, contribuyendo a la seguridad jurídica y a la correcta aplicación del ordenamiento en materia de contratación pública. Esta decisión sienta un precedente importante para futuros procesos similares, reforzando la eficiencia judicial sin sacrificar las garantías procesales de las partes involucradas.