Contexto y competencia del tribunal

El Consejo de Estado, en su calidad de máxima autoridad en materia contencioso administrativa y con competencia de segunda instancia, conoció el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba. Esta última negó la nulidad de la elección del alcalde del municipio de Puerto Libertador para el periodo 2024-2027. La apelación fue concedida y admitida formalmente mediante auto, lo que dio inicio a la fase probatoria en segunda instancia, conforme a lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con la demanda presentada, en primera instancia, para anular la elección del actual alcalde. La decisión inicial del Tribunal Administrativo de Córdoba fue negativa para el demandante. Tras interponer recurso de apelación, se admitió la apelación y se otorgó traslado a la parte demandada para que se pronunciara y presentara pruebas. En este contexto, la parte demandada solicitó que se incorporaran como prueba los estatutos vigentes del Partido Político Social de Unidad Nacional (Partido de la U) para la fecha de la supuesta adhesión, así como se ofició a diversas entidades para allegar información relacionada con la adhesión y aval político del candidato. Sin embargo, la solicitud probatoria fue presentada fuera del término legal establecido.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El auto proferido por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo se enfoca en analizar la oportunidad de la solicitud probatoria, basándose en los artículos 212 y 292 del CPACA, que regulan la práctica de pruebas en segunda instancia. El artículo 212 permite solicitar pruebas dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación. En este caso, dicho término venció el 25 de julio de 2025. La solicitud probatoria presentada por la parte demandada llegó al expediente el 30 de julio de 2025, fuera del plazo legal. Por consiguiente, el despacho consideró que la petición no cumplía con los requisitos de oportunidad procesal y procedió a su rechazo en aplicación estricta de las normas procesales vigentes. El auto también hace referencia al artículo 302 del Código General del Proceso, que establece que las providencias proferidas fuera de audiencia se consideran ejecutoriadas tres días después de su notificación, norma aplicable al presente caso por remisión expresa del CPACA.

Decisión y efectos procesales

Con base en las consideraciones anteriores, el Consejo de Estado resolvió rechazar la solicitud probatoria presentada extemporáneamente por la parte demandada. Además, ordenó continuar con el trámite del recurso de apelación en los términos ya establecidos, conforme al auto del 21 de julio de 2025. Esta providencia subraya la importancia del cumplimiento riguroso de los plazos procesales para la práctica de pruebas en los procesos contencioso administrativos, particularmente en materia electoral, donde la celeridad y la seguridad jurídica son principios fundamentales.

Conclusión

El auto dictado por la Sala Quinta del Consejo de Estado reafirma la competencia de esta corporación para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación contra sentencias de nulidad electoral. Asimismo, establece que la presentación extemporánea de pruebas no será admitida, preservando así el orden y la eficiencia procesal. La decisión garantiza que el proceso continúe conforme a derecho, resguardando los principios de legalidad y debido proceso en el ámbito electoral, y fortalece la confianza en los mecanismos judiciales para dirimir controversias electorales de manera transparente y eficaz.