Objetivo y estado actual del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es actualizar el lenguaje constitucional para sustituir términos considerados discriminatorios, como “disminuidos” o “minusválidos”, por expresiones respetuosas y centradas en la persona, como “personas con discapacidad”. Esta iniciativa se enmarca en el ámbito social y de derechos humanos, buscando fomentar la inclusión y dignidad de este grupo poblacional. Actualmente, el proyecto se encuentra radicado en la Cámara de Representantes y está en etapa inicial de discusión, con los siguientes pasos previstos en las comisiones y plenarias del Congreso.

Contexto y necesidad de la reforma

El proyecto surge frente a la constatación de que el lenguaje tradicional en la Constitución mantiene términos obsoletos que contribuyen a perpetuar estigmas y prejuicios hacia las personas con discapacidad. Colombia, como Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 2009), está obligada a adoptar medidas legislativas para eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar el respeto a la dignidad inherente de este grupo. La Corte Constitucional ha reiterado en varias sentencias la importancia de un lenguaje jurídico respetuoso y ha señalado que expresiones peyorativas deben ser eliminadas del ordenamiento para evitar vulneraciones a los derechos fundamentales.

Contenido clave del proyecto

Las modificaciones propuestas incluyen:

• Artículo 13: Se elimina lenguaje discriminatorio, reforzando la protección estatal a las personas con discapacidad como sujetos de especial protección, y se adopta un lenguaje inclusivo y respetuoso.
• Artículo 47: Se reemplazan términos como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” por “personas con discapacidad”, asegurando la atención especializada necesaria.
• Artículo 54: Se sustituye “minusválidos” por “personas con discapacidad” en relación con el derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud.
• Artículo 68: Se actualiza la referencia a la educación inclusiva, eliminando expresiones peyorativas y reafirmando la obligación estatal de erradicar el analfabetismo y garantizar la educación para personas con discapacidad.

Estas reformas buscan alinear la Carta Política con los estándares internacionales y con el enfoque social de la discapacidad, que reconoce las barreras sociales como origen de la exclusión más que las condiciones individuales.

Posturas y debate legislativo

El proyecto ha recibido apoyo de congresistas de diversas bancadas, organizaciones civiles y expertos en derechos humanos, quienes destacan que la actualización del lenguaje constitucional es un paso fundamental para avanzar hacia una sociedad inclusiva y respetuosa. Argumentan que el lenguaje es un vehículo clave para transformar imaginarios sociales y combatir la discriminación estructural. Por otro lado, algunos sectores plantean la necesidad de garantizar que la reforma vaya acompañada de políticas públicas efectivas que materialicen los derechos de las personas con discapacidad, advirtiendo que el cambio terminológico debe traducirse en acciones concretas para mejorar la educación, el empleo y la accesibilidad.

Comparación internacional

Colombia sigue una tendencia internacional en la que países actualizan sus marcos legales para reflejar un lenguaje respetuoso hacia las personas con discapacidad, en línea con la CDPD de la ONU y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Estos instrumentos establecen el lenguaje “person-first” como estándar para promover la dignidad y la igualdad.

Impacto potencial

Si se aprueba, esta reforma establecerá un precedente normativo que fortalecerá la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad desde el texto constitucional. Esto puede influir positivamente en la legislación secundaria, políticas públicas y prácticas sociales, contribuyendo a reducir barreras simbólicas y culturales que dificultan su plena participación en la sociedad. El proyecto no genera impacto fiscal directo, dado que no ordena gastos ni beneficios tributarios. Asimismo, no se identifican conflictos de interés entre los congresistas que participen en su discusión y votación, ya que su efecto es general y basado en principios de dignidad y derechos humanos. En suma, este proyecto representa una actualización necesaria del lenguaje constitucional que responde a mandatos constitucionales, internacionales y jurisprudenciales, buscando avanzar hacia una Colombia más inclusiva y respetuosa de la diversidad funcional. Su aprobación marcará un avance significativo en la lucha contra la discriminación y en la promoción de una sociedad donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades y reconocimiento.