Contexto y marco normativo del proyecto de decreto

El Ministerio del Trabajo presentaría un proyecto de decreto en 2025, cuyo objetivo sería subrogar la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. Este decreto buscaría modificar y actualizar las disposiciones relacionadas con la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollan proyectos de exploración, producción, almacenamiento, refinación y distribución de hidrocarburos en áreas continentales. El proyecto se fundamentaría en diversas normas previas, entre ellas, la Ley 1636 de 2013, la Ley 2294 de 2023, y disposiciones legales como la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1158 de 2019, que regulan aspectos sobre certificación de residencia y contratación preferente de mano de obra local en sectores extractivos. Además, se tomaría en cuenta la experiencia acumulada por el Ministerio del Trabajo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Minas y Energía en la ejecución de estas políticas.

Propósito y alcance del proyecto

El tema central del proyecto de decreto sería establecer medidas especiales para facilitar y fortalecer el proceso de priorización en la contratación de mano de obra local en los municipios donde se desarrollen proyectos hidrocarburíferos continentales y actividades relacionadas, como almacenamiento, refinación y distribución de hidrocarburos. El decreto se aplicaría a todos los empleadores involucrados en estos proyectos, a los prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo, a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y al Ministerio del Trabajo, buscando garantizar la participación preferente de residentes locales en el mercado laboral asociado a estas actividades.

Modificaciones y regulaciones propuestas

Entre las modificaciones principales, el proyecto plantearía:

• Definir y actualizar conceptos clave como "área de influencia para la contratación laboral", "mano de obra local", "mano de obra calificada y no calificada", "cargos para atención de emergencias" y otros términos relevantes para la aplicación del decreto.
• Establecer un proceso claro de priorización para la gestión de vacantes, que considera un orden de priorización desde el área de influencia inmediata hasta el ámbito nacional, certificando la ausencia de oferentes en cada nivel antes de avanzar al siguiente.
• Fijar porcentajes mínimos para la contratación de mano de obra local: el 100% para mano de obra no calificada y al menos el 50% para mano de obra calificada en los proyectos y sus distintas fases.
• Incluir la posibilidad de priorizar poblaciones vulnerables con barreras de inserción laboral, tales como desempleados de larga duración, adultos mayores, mujeres, comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
• Reglamentar la publicación y gestión de vacantes para cargos transversales a través de agencias públicas y Cajas de Compensación Familiar autorizadas en el área de influencia.
• Establecer excepciones para la contratación en casos de atención de emergencias, que no seguirían el proceso de priorización habitual.
• Disponer que las empresas operadoras y sus contratistas incluyan cláusulas contractuales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales relativas a la mano de obra local.
• Imponer la obligación de realizar reportes semestrales detallados sobre la contratación de mano de obra local al Ministerio del Trabajo, incluyendo información desagregada por proyecto, municipio, tipo de contrato, género, grupo étnico y otros aspectos.
• Asignar al Ministerio del Trabajo la función de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las disposiciones del decreto.

Acciones y disposiciones específicas

El proceso de priorización de contratación de mano de obra local se realizaría a través de agencias públicas y aquellas constituidas por Cajas de Compensación Familiar autorizadas para operar en el área de influencia del proyecto. Los empleadores deberían registrar sus vacantes en estas agencias y entregar información precisa sobre la ubicación, duración y características de las vacantes. Además, se contemplaría la promoción de ascensos internos dentro de los proyectos, sin la necesidad de cumplir nuevamente el proceso de priorización para esos casos. En cuanto a la reconversión y transición laboral justa, el proyecto impulsaría acciones conjuntas entre las empresas operadoras, el sector trabajo y el sector minero energético para generar oportunidades de capacitación y formación que faciliten la inserción laboral, especialmente en el contexto de la transición hacia la carbono neutralidad.

Participación de actores clave

El proyecto involucraría a diversas entidades y actores para su implementación y supervisión, tales como:

• El Ministerio del Trabajo, encargado de la inspección, vigilancia y control del cumplimiento del decreto.
• La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, responsable de desarrollar los procesos administrativos y lineamientos para la gestión de vacantes y reportes.
• Los empleadores y contratistas en los proyectos hidrocarburíferos, quienes tendrían obligaciones contractuales y de reporte.
• Prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo y agencias constituidas por Cajas de Compensación Familiar, que gestionarían la intermediación laboral.
• Las autoridades municipales, en particular alcaldías que expedirían certificados de residencia para acreditar mano de obra local.
• Grupos vulnerables de la población, quienes podrían ser priorizados en los procesos de selección.

Información adicional y participación ciudadana

Dado que se trata de un proyecto, se esperaría que el Ministerio del Trabajo y demás entidades involucradas publiquen próximamente el texto completo para consulta pública. Además, es probable que se establezca un periodo para recibir comentarios, observaciones y propuestas de mejora por parte de la ciudadanía, organizaciones sociales, gremiales y otros interesados. Este proceso participativo permitiría enriquecer el decreto y asegurar su adecuación a las realidades y necesidades de los territorios y sectores afectados por los proyectos hidrocarburíferos. --- Esta iniciativa normativa buscaría armonizar las disposiciones vigentes, fortalecer la priorización de mano de obra local y contribuir a la generación de empleo digno en las zonas de influencia de proyectos estratégicos para el país. Sin embargo, es importante recordar que el proyecto aún no estaría en vigor y está sujeto a revisión y aprobación por parte de las autoridades competentes antes de su implementación definitiva.