Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en 2025, propondría modificaciones al Decreto 1077 de 2015, que reglamenta el sector vivienda. La iniciativa se enfocaría en reglamentar aspectos relacionados con las determinantes de ordenamiento territorial establecidas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las cuales fueron modificadas recientemente por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023. Estas determinantes constituyen normas de jerarquía superior que deben considerarse en la elaboración y adopción de planes de ordenamiento territorial. El proyecto tendría como base los principios constitucionales de autonomía territorial, unidad estatal, coordinación, concurrencia y subsidiariedad, todos ellos esenciales para la organización del territorio y la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Propósito y grupos afectados

El propósito principal del proyecto sería reglamentar el procedimiento para la gestión de la información técnica, jurídica y geoespacial relacionada con las determinantes de ordenamiento territorial, así como establecer parámetros claros para la coordinación interinstitucional entre las entidades competentes. Esta reglamentación afectaría a entidades públicas y privadas encargadas de planes y proyectos con desarrollo físico espacial, así como a departamentos, municipios, distritos y esquemas asociativos territoriales que deben cumplir de manera obligatoria con estas determinantes desde la etapa de prefactibilidad.

Modificaciones y disposiciones planteadas

Entre las principales modificaciones que introduciría el proyecto se encuentran:

• La actualización de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, con la definición clara de las determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia.
• El establecimiento de un procedimiento para la gestión de la información técnica, jurídica y geoespacial, dividido en tres fases: identificación, adecuación y disposición de la información.
• La imposición de parámetros para la coordinación y colaboración institucional que incluirían la comunicación formal a diversas entidades nacionales y territoriales sobre la formulación o modificación de determinantes, con un plazo para que estas se pronuncien.
• La definición de mecanismos para resolver contradicciones normativas o traslapes entre determinantes y para articular planes, proyectos y reglamentaciones existentes.
• La obligación de publicar los proyectos normativos y documentos anexos en plataformas digitales accesibles para garantizar la transparencia y facilitar la participación institucional.
• El establecimiento de contenidos mínimos que deben incluir los actos administrativos que adopten las determinantes, tales como delimitación geográfica, zonificación, precisiones técnicas y jurídicas, informes de coordinación institucional y soportes técnicos y jurídicos.
• La promoción de actividades de pedagogía sobre el alcance y aplicación de las determinantes, dirigidas a comunidades, autoridades y actores locales.
• Un régimen de transición que permitiría la continuidad de las determinantes vigentes y los procedimientos en curso al momento de la entrada en vigencia del decreto.

Participación y actores clave

El proyecto involucraría a múltiples actores, incluyendo:

• Entidades territoriales como gobernaciones, alcaldías de municipios y distritos.
• Corporaciones Autónomas Regionales y autoridades ambientales.
• Instituciones nacionales como el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
• Diversos ministerios relacionados con vivienda, ambiente, agricultura, cultura, transporte, minas, tecnologías de la información y comercio.
• La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), encargada del acompañamiento técnico en la implementación de la gestión de la información geoespacial.

Estas entidades participarían en los procesos de coordinación institucional, emisión de pronunciamientos, publicación de información y seguimiento a la implementación de las determinantes.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

El proyecto de decreto contemplaría la publicación de los proyectos normativos y documentos relacionados en plataformas web oficiales, incluyendo el Observatorio de Ordenamiento Territorial y las páginas del Ministerio de Vivienda y de las entidades responsables. La ciudadanía y las instituciones tendrían acceso a esta información en formatos accesibles y sin restricciones para su reproducción y uso. Además, el proyecto establecería un periodo para que las entidades puedan enviar comentarios y observaciones, asegurando la posibilidad de participación institucional y social antes de la adopción definitiva de las determinantes. El decreto plantearía una entrada en vigencia a partir del 1 de marzo de 2026, otorgando un plazo para que las entidades realicen los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas disposiciones y estándares técnicos. --- Este proyecto de decreto busca modernizar y fortalecer la reglamentación sobre las determinantes de ordenamiento territorial, promoviendo una gestión integrada, coordinada y transparente que facilite la planificación territorial en Colombia. Con estas medidas, se espera mejorar la articulación entre las diferentes entidades involucradas y asegurar el cumplimiento efectivo de las normas que rigen el uso y organización del territorio nacional, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente.