Propósito general del proyecto de resolución

El proyecto de resolución busca modificar la Resolución 261 de 2018, que definió la Frontera Agrícola Nacional y estableció la metodología para su identificación general. Esta actualización incorpora nuevas categorías de áreas dentro de la frontera agrícola y aclara el alcance de su aplicación en los instrumentos de planificación del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Así, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pretende armonizar la protección ambiental con la garantía de los derechos territoriales de las comunidades campesinas, contribuyendo a la sostenibilidad y desarrollo rural.

Objetivo principal y grupos afectados

El objetivo principal es reconocer y proteger áreas adicionales dentro de la Frontera Agrícola Nacional que incluyen actividades compatibles con la agricultura, como la explotación forestal comercial, la pesca comercial y la agricultura campesina familiar y comunitaria. Este reconocimiento busca promover la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la conservación de ecosistemas estratégicos, beneficiando especialmente al campesinado y a las comunidades rurales de alta montaña y páramo. Además, se busca fortalecer el desarrollo sostenible y la resiliencia de los sistemas productivos agropecuarios en todo el territorio nacional.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

Entre las modificaciones más relevantes, el artículo 3 de la Resolución 261 de 2018 se actualiza para incluir las siguientes áreas dentro de la Frontera Agrícola Nacional:

• Áreas con régimen de uso ambiental que permiten actividades agropecuarias, incluyendo explotación forestal y reforestación comercial, conforme a la Ley 101 de 1993.
• Zonas con alta amenaza por movimientos en masa donde se implementen medidas de prevención o mitigación del riesgo para actividades humanas.
• Áreas dedicadas a la pesca comercial, sujetas a permisos y autorizaciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o la normativa vigente.
• Áreas de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, de acuerdo con la Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, se establece un parágrafo que garantiza la protección y prioridad de las actividades agroalimentarias campesinas, asegurando que no sean objeto de limitaciones distintas a las establecidas por la ley. Se reconoce explícitamente que estas actividades no se excluyen en zonas de páramos y alta ladera, reafirmando el derecho de las comunidades campesinas a habitar, producir alimentos y conservar sus formas de vida. El artículo 6 se modifica para precisar que la Frontera Agrícola Nacional es un área de referencia basada en información oficial secundaria para suelos rurales, continentales e insulares. Se aclara que esta referencia no debe interpretarse como una restricción o exclusión sobre el ordenamiento territorial o el uso del suelo según la ley. El artículo 8 incorpora la obligación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas de incluir la definición e identificación de la Frontera Agrícola Nacional en sus instrumentos de planificación sectorial. Sin embargo, esta identificación no regirá para decisiones relacionadas con aspectos económicos, financieros, crediticios, actos de protocolo o registro, ni para afectaciones a derechos de dominio a nivel predial.

Medidas específicas y mecanismos de implementación

El proyecto establece que el reconocimiento de nuevas áreas dentro de la Frontera Agrícola Nacional debe considerar la zonificación ambiental y los regímenes de uso autorizados por las entidades ambientales competentes. Se incorpora la evaluación de riesgos naturales, como los movimientos en masa, para asegurar la prevención y mitigación en zonas vulnerables. También se contemplan los permisos y autorizaciones para actividades pesqueras en el ámbito continental e insular, regulados por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, el proyecto reafirma su inclusión y protección dentro de la frontera agrícola, haciendo énfasis en la continuidad de sus actividades en zonas ecológicamente sensibles.

Impacto esperado y alcance potencial

Con estas modificaciones, se espera promover la integración de diversos sectores productivos dentro de la Frontera Agrícola Nacional, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria en Colombia. La inclusión explícita de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria contribuye a garantizar sus derechos territoriales y culturales, así como a preservar prácticas agroecológicas y sostenibles. Asimismo, la actualización favorece la gestión integrada del ordenamiento territorial y ambiental, facilitando la coexistencia de actividades productivas con la conservación de ecosistemas estratégicos como páramos y zonas de alta montaña. Esto responde a las sentencias y recomendaciones constitucionales que promueven un enfoque diferencial y justo para las comunidades rurales.

Participación e instituciones involucradas

El proyecto fue sometido a consulta pública a través del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), permitiendo la participación de diversos actores del sector rural y la sociedad civil. La entidad proponente es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que coordina la implementación y seguimiento de la resolución, en conjunto con las autoridades ambientales, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y otras entidades sectoriales. La iniciativa refleja un compromiso institucional por armonizar los objetivos de desarrollo rural sostenible, protección ambiental y garantía de los derechos de las comunidades campesinas, familiares y étnicas, en cumplimiento de mandatos constitucionales y acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y el derecho a la alimentación.

Vigencia

La resolución modificatoria entrará en vigencia a partir de su publicación oficial, consolidando una actualización normativa que impactará la gestión del territorio agropecuario y la protección de diversos actores productivos en Colombia. Este cambio normativo representa un paso significativo hacia el fortalecimiento del desarrollo rural sostenible, la conservación ambiental y el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades rurales, asegurando un futuro más justo y sostenible para el sector agrícola nacional.