Entidades emisoras y contexto normativo
La Resolución 000659, fechada el 22 de agosto de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.225 el 27 de agosto de 2025, fue emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. Esta entidad, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, tiene autonomía administrativa y financiera para organizar y administrar la jurisdicción especializada en justicia penal militar y policial.
El acto administrativo se fundamenta en diversas normas constitucionales y legales, entre ellas el artículo 209 de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 sobre contratación estatal, la Ley 1150 de 2007, y decretos reglamentarios como el 1068 y 1082 de 2015, además de la Ley 1765 de 2015 que transformó la Dirección Ejecutiva en la mencionada Unidad.
Objeto y destinatarios de la resolución
El tema principal de la resolución es la adopción de perfiles, niveles y valores de referencia para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a través de contratos de prestación de servicios. Su destinatario principal son las dependencias internas de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, encargadas de celebrar estos contratos para cumplir con sus fines misionales y administrativos.
Este grupo es relevante porque la resolución establece parámetros claros para la contratación directa, garantizando que los requisitos académicos, experiencia y remuneración se ajusten a la naturaleza y complejidad de los servicios requeridos, evitando arbitrariedades y promoviendo la eficiencia.
Objetivo y principales decisiones
El objetivo de la resolución es fijar una tabla de honorarios referenciales que sirva como guía para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante el año 2025, asegurando la aplicación de criterios técnicos objetivos y respetando los principios constitucionales de igualdad, moralidad, economía, transparencia y responsabilidad.
Entre las decisiones más importantes se incluyen:
- Definición clara de conceptos clave como estudios académicos, experiencia profesional y experiencia relacionada, así como los mecanismos para acreditar estos requisitos.
- Establecimiento de valores máximos de remuneración que incluyen impuestos y costos directos e indirectos del contratista, con prohibición expresa de superar dichos límites.
- Determinación de equivalencias entre títulos académicos y experiencia profesional para facilitar la valoración de perfiles.
- Exclusión de ciertos contratos, como los de asesoría jurídica externa especializada, trabajos artísticos específicos y representación en tribunales arbitrales, que requieren procedimientos y condiciones particulares.
- Disposiciones sobre el reconocimiento de gastos de desplazamiento y viáticos conforme a la regulación nacional vigente.
- Obligatoriedad de actualización anual de la tabla de honorarios a partir de 2026.
Fundamento legal y vigencias
La base legal de la resolución se sustenta en la Constitución Política, las leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1765 de 2015 y los decretos reglamentarios que regulan la contratación estatal. En particular, se enfatizan los principios de transparencia, economía, responsabilidad y la estricta delimitación del alcance y duración de los contratos de prestación de servicios profesionales para evitar la generación de relaciones laborales encubiertas.
La resolución no modifica ni revoca normas previas, sino que establece un marco referencial complementario para la contratación en el ámbito específico de esta Unidad Administrativa. Su vigencia inicia con su publicación y aplica para la anualidad 2025.
Impacto potencial
La adopción de esta resolución representa un avance en la sistematización y regulación objetiva de la contratación pública dentro de la Justicia Penal Militar y Policial, fortaleciendo la gestión administrativa y garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. La tabla de honorarios y los perfiles definidos facilitan la evaluación y selección de contratistas, promoviendo la profesionalización y el cumplimiento estricto de los requisitos legales.
Además, al delimitar claramente los tipos de contratos excluidos y las condiciones para la contratación directa, se contribuye a evitar prácticas irregulares y se protege la integridad de los procedimientos contractuales en esta jurisdicción especializada.
En conclusión, la Resolución 000659 de 2025 establece un marco normativo claro y coherente que busca optimizar la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, garantizando transparencia, eficiencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos durante el año 2025 y más allá.
