Providencia judicial y tribunal competente

La decisión fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en segunda instancia, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare. El proceso se originó en un medio de control de controversias contractuales, con radicación número 85001-23-33-000-2016-00052-01.

Antecedentes fácticos y procesales

Una empresa de servicios públicos domiciliarios, creada como sociedad por acciones del Estado a nivel municipal, celebró un contrato de obra para la construcción de sistemas de acueducto en un municipio del departamento de Casanare. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se suscribió una póliza de seguro con una aseguradora solidaria, en la que la empresa fue asegurada y el contratista, tomador. Durante la ejecución, el contrato sufrió múltiples suspensiones y prórrogas. Posteriormente, la empresa de servicios públicos inició un procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento del contratista y la ocurrencia de siniestros relacionados con el incumplimiento y con el manejo del anticipo entregado para la obra. Mediante Resolución No. 051 del 6 de agosto de 2015, declaró dichos siniestros y cuantificó los perjuicios. La aseguradora interpuso demanda solicitando la nulidad de esta resolución, alegando falta de competencia para expedirla y que la declaración de siniestros debía hacerse en el marco del régimen de contratación pública, no por empresas sometidas a derecho privado. Además, cuestionó la adecuada acreditación del perjuicio económico y la cobertura de los amparos contratados. El Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad de la resolución por considerar que la empresa demandada carecía de...