Contexto y marco normativo

El Ministerio del Interior anunció en 2025 un proyecto de decreto que modificaría el capítulo 4 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Este proyecto busca reglamentar el artículo 111 de la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. La iniciativa sustituiría el Decreto 1535 de 2022, con el propósito de ampliar y fortalecer la política pública de participación ciudadana y electoral.

Propósito y alcance del proyecto

El proyecto de decreto tiene como objetivo ampliar y fortalecer las condiciones y garantías para una participación ciudadana y electoral efectiva e incidente. Se busca involucrar diversas formas y expresiones organizativas e individuales de la ciudadanía, comunidades, organizaciones y movimientos sociales, con especial énfasis en sectores históricamente excluidos. La política pública abarcará el ciclo de gestión pública, la transformación territorial, la consolidación democrática y la promoción de procesos electorales transparentes y participativos. Su ámbito de aplicación será todo el territorio nacional, con implementación basada en principios de autonomía, concurrencia, participación e inclusión.

Modificaciones y medidas relevantes

El proyecto sustituirá el capítulo 4 del mencionado decreto reglamentario e introducirá una nueva estructura para la Política Pública de Participación Ciudadana y Electoral, contenida en un documento base que formará parte integral del decreto. Las principales modificaciones incluirán:

• Establecimiento de cuatro objetivos específicos orientados a fortalecer capacidades institucionales, ampliar condiciones organizativas e individuales, garantizar inclusión y reconocimiento de diversas expresiones de participación, y fortalecer el proceso democrático electoral.
• Definición de ejes estratégicos y líneas de acción para fortalecer la participación en el ciclo de gestión pública, mejorar el acceso a la información, promover el control social y optimizar la formulación de políticas públicas, entre otros.
• Incorporación de ocho enfoques transversales para orientar la política pública: derechos humanos, género y diversidad, territorial, poblacional-diferencial, curso de vida, étnico, discapacidad e interseccionalidad.
• Creación de una Comisión Intersectorial Nacional de Participación Ciudadana y Electoral integrada por las cabezas de sector administrativo de entidades del orden nacional, encargada de implementar, actualizar y hacer seguimiento a la política pública.
• Determinación de un plan de acción con vigencia inicial de 13 años, con actualización periódica al inicio de cada periodo presidencial.
• Establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación a cargo del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con asesoría del Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Acciones específicas y participación de actores claves

El Ministerio del Interior coordinará la implementación de la política pública con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Intersectorial, en concurrencia con entidades territoriales. Se buscará promover la inclusión efectiva de niños, jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, campesinos, personas con discapacidad, líderes sociales, víctimas, minorías políticas y religiosas, entre otros. El proyecto contempla además la mejora del acceso ciudadano a la información pública y electoral, la promoción de formación político-electoral, el fomento de nuevos liderazgos políticos y la promoción de mecanismos de participación ciudadana y electoral accesibles para toda la población.

Participación ciudadana y proceso de socialización

El proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio del Interior durante un período determinado en 2025, con el fin de recibir comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, en cumplimiento de la normatividad vigente para la elaboración de normas. Asimismo, se llevó a cabo un proceso de consulta y diálogo con múltiples actores sociales, incluyendo mesas de trabajo, análisis documental, encuentros virtuales y presenciales, y grupos focales para incorporar propuestas y recomendaciones. Este procedimiento busca garantizar la inclusión de diversos sectores y asegurar que la política pública responda a las necesidades y expectativas de la sociedad colombiana en materia de participación ciudadana y electoral. --- Esta noticia informa sobre un proyecto aún no vigente, cuyo propósito es modernizar y fortalecer el marco normativo para la participación democrática en Colombia, promoviendo la inclusión, transparencia y efectividad en los procesos de participación ciudadana y electoral a nivel nacional y territorial. El proyecto representa un paso significativo hacia una democracia más participativa e incluyente, sentando las bases para una mayor incidencia ciudadana en las decisiones públicas y fortaleciendo los procesos electorales en el país.