Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como objetivo principal definir y aclarar los límites territoriales entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en particular en la zona que comprende los municipios de Silos, Guaca y Santa Bárbara. Se enmarca en el ámbito social, territorial y administrativo, con implicaciones en la gestión pública, la prestación de servicios y la identidad cultural de las comunidades afectadas. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de audiencia pública y discusión en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, con la presentación de informes técnicos y la recepción de aportes de entidades territoriales y comunidades. El siguiente paso será la elaboración del informe de ponencia para su posterior discusión en plenaria.

Contexto y problemática

El diferendo limítrofe surge ante la falta de delimitación clara y precisa de los límites establecidos en la Ley 25 de 1910, norma que creó el departamento de Norte de Santander pero que no describió detalladamente sus fronteras con Santander. Esta situación ha generado incertidumbre jurídica, dificultades para la prestación de servicios públicos, problemas en la administración y afectaciones a la identidad de las comunidades locales. La zona objeto de disputa es ambientalmente sensible, pues incluye áreas de páramo, como el páramo de Berlín y el páramo del Almorzadero, fundamentales para la conservación hídrica y ecológica.

Contenido clave del proyecto y análisis técnico

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha presentado un informe técnico basado en un procedimiento administrativo de deslinde iniciado en 2018, que incluyó sesiones de trabajo, visitas de campo, análisis cartográficos, catastrales, registrales, testimonios comunitarios y evaluación de inversiones públicas. El informe destaca que la tradición cartográfica, con más de 75 años de antigüedad, apoya la delimitación propuesta por Norte de Santander, basada en divisorias de aguas y elementos geográficos históricos. Sin embargo, la tradición catastral y registral favorece mayormente a Santander, que ha prestado servicios catastrales y registra la mayoría de los predios de la zona en disputa. El proyecto considera diversos criterios para la definición del límite, como la prestación de servicios públicos (educación, salud, vías), la inversión pública, la participación comunitaria, la tradición histórica y cultural, y la conservación ambiental. El IGAC enfatiza que su informe no es vinculante y que la decisión final corresponde al Congreso de la República, conforme a la Ley 1447 de 2011 y el artículo 290 de la Constitución Política.

Impacto potencial

La definición clara de los límites tiene un impacto directo en la seguridad jurídica de los habitantes, la distribución de recursos públicos, la administración territorial y la preservación de la identidad cultural de las comunidades. Asimismo, permitirá mejorar la gestión ambiental en áreas protegidas y garantizar la prestación efectiva de servicios básicos como educación y salud. La resolución del diferendo evitará la incertidumbre administrativa y posibles conflictos sociales que afectan a los habitantes de la región.

Debate y posturas de los actores involucrados

En la audiencia pública participaron gobernadores, alcaldes, congresistas, concejales, personeros y representantes de la comunidad de ambos departamentos. La mayoría de los representantes de Santander argumentan que la tradición catastral, registral y la prestación de servicios públicos demuestran que la zona en disputa pertenece a Santander. Destacan inversiones históricas y arraigo cultural de la población con su departamento. Por su parte, los representantes de Norte de Santander sostienen que el informe del IGAC y la tradición cartográfica respaldan su pretensión territorial. Reconocen la importancia de resolver el diferendo de forma amistosa y enfatizan la necesidad de cuidar los ecosistemas de páramo en la región. Los congresistas expresaron la importancia de basar la decisión en criterios técnicos y jurídicos, respetando la voz de las comunidades. Se resaltó la necesidad de complementar el informe técnico con pruebas adicionales aportadas por ambos departamentos para lograr una decisión justa y fundada.

Pasos siguientes y recomendaciones

La Comisión de Ordenamiento Territorial ha solicitado al IGAC la realización de mesas técnicas para incorporar pruebas y testimonios adicionales presentados por los departamentos, a fin de actualizar y complementar el informe técnico. Esta revisión permitirá sustentar mejor la ponencia que será presentada ante la plenaria del Congreso para la decisión definitiva. Se hace un llamado a las entidades territoriales para aportar documentación relevante y a las comunidades para participar activamente en el proceso. El proyecto de ley, aún en trámite, representa un esfuerzo institucional para resolver un conflicto histórico mediante el diálogo, la técnica y el respeto por los derechos de las comunidades, buscando una solución equitativa que fortalezca la gobernanza territorial y la cohesión social en la región. Se espera que, con la aprobación de esta ley, se establezcan límites claros y definitivos que permitan un desarrollo sostenible y armonioso en ambas regiones, beneficiando a sus habitantes y protegiendo los valiosos ecosistemas presentes en la zona.