Objetivo y ámbito del proyecto de ley
El Proyecto de Ley número 207 de 2024 tiene como objetivo principal modificar la Ley 1523 de 2012 para reconocer e incluir a los animales como sujetos de atención en la política nacional de gestión de riesgos de desastre. Se dirige al ámbito social y ambiental, buscando garantizar que en situaciones de desastre natural o emergencias, los animales también sean protegidos y atendidos por las autoridades. Actualmente, el proyecto está en discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de haber sido aprobado en la Comisión Sexta el 18 de noviembre de 2024. Los siguientes pasos incluyen la votación en plenaria y, posteriormente, su trámite en el Senado y sanción presidencial, según el proceso legislativo regular.
Contexto de la propuesta
La iniciativa surge en un contexto donde la protección de animales en situaciones de desastre ha sido históricamente limitada o inexistente en la legislación colombiana. En inundaciones, incendios forestales y otros eventos catastróficos, los animales domésticos y de producción suelen quedar abandonados o sufren daños sin que existan mecanismos claros para su rescate o atención veterinaria. La propuesta busca subsanar esta omisión, reconociendo a los animales como seres sintientes y sujetos de protección en la política pública de gestión del riesgo, en consonancia con tendencias internacionales y sentencias de la Corte Constitucional que han ampliado la noción de protección ambiental y animal.
Contenido clave del proyecto
El proyecto modifica la Ley 1523 de 2012 para:
- Incluir expresamente a los animales dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Establecer la asignación de recursos para el rescate, atención veterinaria y alimentación de animales afectados en emergencias.
- Crear incentivos para personas y organizaciones que presten servicios de cuidado temporal o atención a animales durante desastres.
- Incorporar campañas de educación y capacitación sobre procedimientos de rescate de animales en simulacros nacionales.
- Garantizar que la prioridad en situaciones de conflicto o limitación de recursos sea la protección de la vida humana, sin desatender la protección animal.
- Establecer que los fondos territoriales para gestión del riesgo podrán destinarse también a animales afectados.
El articulado contempla además la creación y actualización de sistemas de información que incluyan datos sobre animales en riesgo y mecanismos de cooperación con organizaciones civiles y privadas.
Debate y posturas de los actores involucrados
El proyecto ha generado un debate significativo en la plenaria:
Argumentos a favor:
- Se reconoce la sintiencia y sufrimiento de los animales en emergencias, un aspecto hasta ahora invisibilizado.
- El proyecto no desplaza la prioridad de protección de la vida humana, sino que complementa la política pública para atender también a los animales.
- Facilita recursos y estructuras formales para el manejo de animales abandonados o en riesgo, evitando la sobrecarga que actualmente recae en fundaciones y organizaciones no gubernamentales.
- Se alinea con estándares internacionales y la jurisprudencia que amplía el concepto de protección ambiental y animal.
Argumentos en contra:
- Preocupación por la desviación de recursos escasos destinados a la gestión de riesgos, que debería priorizar exclusivamente a las personas.
- Posible confusión o dificultad logística en la priorización y manejo de emergencias, equiparando a humanos y animales en situaciones críticas.
- Incertidumbre sobre el impacto fiscal y operativo del proyecto, pues no se especifican claramente los costos asociados.
- Riesgo de que se generen obstáculos o cargas adicionales para la gestión pública sin resultados efectivos.
El debate incluyó la aprobación de una proposición clave que establece expresamente que, en caso de conflicto entre la protección de la vida humana y la animal, prevalecerá la vida humana, despejando dudas sobre la jerarquía de prioridades.
Impacto potencial y perspectivas
De aprobarse, el proyecto representará un avance en la política pública ambiental y social, al ampliar el concepto de gestión de riesgo para incluir formalmente a los animales. Esto podría implicar la asignación de recursos, capacitación y fortalecimiento institucional para proteger la vida animal en emergencias, así como una mayor sensibilización social.
No obstante, el proyecto también plantea desafíos en cuanto a la implementación práctica y presupuestal, especialmente en un contexto de recursos limitados para la gestión de desastres en Colombia. La discusión refleja tensiones entre prioridades en la política pública y la necesidad de equilibrar la protección de diferentes sujetos afectados por desastres.
Comparación con legislaciones similares
Si bien no se abordó en detalle durante la plenaria, la tendencia internacional en gestión de riesgos y protección animal ha ido reconociendo cada vez más la importancia de incluir a los animales en planes de emergencia, como lo reflejan normativas en países con políticas avanzadas en bienestar animal y gestión ambiental. Este proyecto busca alinear la legislación colombiana con esas tendencias.
Conclusión del estado del trámite
El Proyecto de Ley número 207 de 2024 fue aprobado en Comisión Sexta y se encuentra en etapa de segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Tras su aprobación, seguirá su trámite en el Senado para continuar con el proceso legislativo. En la plenaria, se presentaron y votaron múltiples proposiciones, incluyendo modificaciones y aclaraciones sobre la prioridad de la vida humana, que fueron acogidas para garantizar el equilibrio entre derechos y responsabilidades.
El debate evidenció tanto el interés en avanzar en la protección animal como las preocupaciones sobre recursos y prioridades, aspectos que serán determinantes en las siguientes etapas del proyecto.
Este proyecto representa un paso relevante en la ampliación de la política nacional de gestión de riesgos, con implicaciones sociales, ambientales y administrativas. Se mantiene un seguimiento activo en el Congreso para su desarrollo y eventual sanción, con la expectativa de que contribuya a una gestión de riesgos más inclusiva y responsable, que considere a todos los seres afectados por los desastres.
