Objetivo y ámbito del proyecto

El Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024 tiene como objetivo principal fortalecer la autonomía fiscal y administrativa de los departamentos, distritos y municipios en Colombia. Se enfoca en el ámbito social, económico y administrativo, proponiendo modificar la Constitución para incrementar la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, pasando del actual 20-22% a un 46.5% de manera progresiva. El proyecto se encuentra en etapa de discusión en segunda vuelta en el Senado, tras haber superado la primera ronda en la Cámara de Representantes. Se prevé continuar con debates técnicos, ajustes y eventual conciliación con otras iniciativas similares, como el referendo impulsado por un departamento.

Contexto y problemática

Colombia enfrenta una desigualdad territorial profunda, reflejada en brechas significativas en pobreza, acceso a servicios básicos, educación, salud e infraestructura entre regiones urbanas y rurales. La Constitución de 1991 estableció una ambiciosa meta de transferir cerca del 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación a las entidades territoriales, que no se ha cumplido debido a reformas posteriores que redujeron ese porcentaje a alrededor del 20%. Esta situación ha generado un Estado centralista, con insuficiente capacidad para atender las necesidades locales y fomentar el desarrollo regional equitativo. Además, la distribución actual de competencias y recursos es ineficiente y no responde a las realidades territoriales, especialmente en municipios de menor categoría y zonas rurales.

Contenido clave del proyecto

El proyecto propone:

• Modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución para aumentar la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, escalando gradualmente hasta alcanzar el 46.5%.
• Vincular la participación territorial a los ingresos corrientes, de modo que las transferencias crezcan con el desarrollo económico nacional.
• Revisar y redefinir las competencias de los niveles territoriales, asignando responsabilidades claras y coherentes con los recursos transferidos.
• Establecer mecanismos de compensación para cerrar brechas territoriales, especialmente en municipios de quinta y sexta categoría, que representan la mayoría del país.
• Promover la autonomía fiscal mediante el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria y la creación de regímenes especiales en algunas regiones.
• Incluir criterios sectoriales y geográficos que atiendan las particularidades de las regiones en la distribución de recursos.
• Incentivar la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos descentralizados.

Impacto potencial y debate

El proyecto busca generar un impacto positivo en la reducción de la desigualdad territorial, mejorando la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y fortaleciendo la prestación de servicios fundamentales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Se espera que esta reforma contribuya a la paz, el desarrollo económico y la integración social. Durante la audiencia pública y debates legislativos participaron representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, gobernaciones, asociaciones de municipios y ciudades intermedias, academia y gremios como el magisterio y organizaciones civiles. En general, se expresó un amplio respaldo a la iniciativa, reconociendo la importancia histórica de avanzar en la descentralización fiscal y administrativa. No obstante, también surgieron preocupaciones y desafíos:

• La viabilidad fiscal del aumento de transferencias, dado el déficit fiscal y las limitaciones presupuestales del Gobierno central.
• La necesidad de una reforma integral que incluya no solo el incremento de recursos, sino también la redefinición clara de competencias para evitar duplicidades y mejorar la eficiencia.
• La importancia de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y departamentos, especialmente en aquellos con menor capacidad técnica y administrativa.
• El riesgo de recentralización si no se implementan mecanismos adecuados de transparencia y control.
• El debate sobre la categorización de municipios y la creación de fondos de compensación para atender disparidades.
• La complementariedad con otras reformas, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la estructura de relaciones intergubernamentales.

Se mencionó también un referendo promovido por un departamento que plantea alternativas para la autonomía territorial, lo que añade complejidad al proceso legislativo y la necesidad de diálogo y concertación entre las propuestas.

Comparación internacional

El proyecto se alinea con experiencias internacionales de federalismo fiscal y descentralización, donde la transferencia de recursos y competencias a niveles subnacionales busca mejorar la equidad territorial y la eficiencia en la prestación de servicios. Se reconoció la necesidad de incorporar mecanismos de relación intergubernamental y fondos de convergencia, similares a los adoptados en países federales y regionales, para facilitar la coordinación y la reducción de brechas.

Etapa del trámite legislativo y próximos pasos

Actualmente, el Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024 avanza en la segunda vuelta de discusión en el Senado, tras superar la fase inicial en la Cámara de Representantes. Las audiencias públicas y debates han proporcionado insumos técnicos y políticos para enriquecer el texto. Se espera que en los próximos meses se realicen ajustes, se analicen propuestas de conciliación con otras iniciativas y se avance hacia la aprobación final. La ausencia del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional en algunas sesiones ha sido señalada como un obstáculo para el diálogo, aunque el Congreso ha manifestado su intención de avanzar en el proceso con autonomía. Este proyecto representa un paso significativo en la búsqueda de un Estado colombiano más descentralizado, equitativo y eficiente, con un fortalecimiento real de la autonomía territorial que responda a las demandas sociales y económicas del país. Su aprobación podría marcar un antes y un después en la distribución de recursos y competencias, promoviendo un desarrollo regional más equilibrado y sostenible para todas las regiones del territorio nacional.