Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, específicamente por la Sección Segunda en su Sala Transitoria. Esta sala asumió competencia conforme al Acuerdo PCSJA25-12255 del Consejo Superior de la Judicatura. La decisión corresponde a un auto proferido el 27 de junio de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación – Rama Judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por una acción contra la Rama Judicial, en la cual se dictó una sentencia de segunda instancia el 30 de noviembre de 2023. Posteriormente, la parte actora, a través de su apoderado judicial, solicitó la corrección de esta sentencia debido a un error en la fecha consignada de la sentencia de primera instancia. En la parte resolutiva de la sentencia se mencionó erróneamente el 28 de marzo de 2023, cuando la fecha correcta es el 29 de mayo de 2023, conforme a las pruebas obrantes en el expediente.

Consideraciones y fundamentos jurídicos de la decisión

El Tribunal fundamentó su decisión en el artículo 286 del Código General del Proceso, que establece la facultad del juez para corregir, en cualquier momento y de oficio o a solicitud de parte, los errores puramente aritméticos, de omisión o de cambio de palabras que afecten la parte resolutiva de una providencia. Esta corrección es procedente siempre que el error influya en dicha parte. Reconociendo que el error en la fecha es un error de transcripción que puede generar confusión en el trámite procesal, el Tribunal decidió corregir el numeral primero de la sentencia de segunda instancia. La corrección se limita exclusivamente a la fecha de la sentencia de primera instancia, precisando que para todos los efectos procesales la fecha correcta es el 29 de mayo de 2023. En ningún otro aspecto la sentencia original sufre modificación.

Resolución y efectos procesales

En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un auto mediante el cual se corrige el error detectado en la sentencia de segunda instancia. Esta corrección garantiza la precisión en el registro de las fechas procesales, elemento esencial para la seguridad jurídica y la adecuada administración de justicia. La providencia fue adoptada y aprobada por la Sala Transitoria integrada por los magistrados que la conforman, utilizando tecnologías de la información para garantizar la autenticidad e integridad del documento, conforme a la normativa vigente sobre firma digital y certificación electrónica. Esta corrección representa una manifestación del compromiso judicial con la claridad y exactitud en el proceso, sin alterar sustancialmente las decisiones adoptadas en el fondo del asunto, reafirmando así la transparencia y la confianza en la labor jurisdiccional.