Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección “B”, resolvió un recurso de apelación interpuesto contra un auto proferido por el Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., en el marco de un proceso de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. La providencia, de naturaleza interlocutoria, revoca la decisión que negó el decreto y práctica de un medio de prueba fundamental para acreditar la disminución de la capacidad laboral de un soldado que sufrió una lesión durante el servicio militar obligatorio.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó tras la demanda presentada contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la que se solicitaba que se declarara administrativamente responsable a la entidad por daños antijurídicos causados a un soldado durante su servicio militar obligatorio. Entre las pretensiones se incluía la indemnización por perjuicios materiales e inmateriales derivados de una lesión sufrida en marzo de 2021. Durante el proceso, la parte actora solicitó la práctica de prueba mediante la valoración médica realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, con el propósito de determinar el grado de incapacidad y secuelas derivadas del daño. Sin embargo, el Juzgado de primera instancia rechazó dicha solicitud argumentando que ya se había decretado la valoración por la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, la cual consideró como prueba idónea dada la calidad militar del afectado. Posteriormente, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra esta decisión, que fueron negados, y también apeló la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca examinó la procedencia del recurso en virtud del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021, y confirmó su competencia para resolverlo según el artículo 125 del mismo código. En relación con el fondo, el Tribunal recordó que tanto la valoración realizada por la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar como la emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez tienen igual valor probatorio y capacidad de convicción para acreditar la existencia y magnitud del daño sufrido. Por ello, negar la incorporación del dictamen regional implicaría desconocer garantías fundamentales del derecho a la prueba y a la defensa consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política. El Tribunal citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que enfatiza la importancia del derecho a presentar pruebas legítimas, idóneas y pertinentes, así como a controvertir las presentadas en contra, y advirtió que la estricta observancia formal no puede prevalecer sobre la protección de derechos sustanciales. Finalmente, en concordancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se estableció que los dictámenes de las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez para miembros de la Fuerza Pública deben ser valorados conjuntamente y con las reglas de la sana crítica.

Decisión y efectos

En consecuencia, el Tribunal revocó la decisión del Juzgado que negó el decreto de la valoración médica de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y ordenó incorporar el dictamen pericial al proceso. Además, corrió traslado a las partes para que se pronuncien sobre la prueba dentro de los términos legales. Adicionalmente, el Tribunal admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, permitiendo así la continuación del proceso con la valoración completa de las pruebas pertinentes. Esta providencia refuerza la garantía del derecho a la prueba en procesos administrativos y la igualdad probatoria de los dictámenes médicos, especialmente en casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública y demandas de reparación directa, consolidando así un precedente importante para la protección de los derechos de los militares en situación de vulnerabilidad.