Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco del proceso de revisión de asuntos agrarios relacionado con la expropiación del predio conocido como “La Polinesia”. El auto judicial se emitió el 19 de agosto de 2025, dentro del expediente que tramita la revisión y entrega de bonos agrarios a los titulares o sus causahabientes.

Antecedentes fácticos y procesales

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER en liquidación, como demandante, promovió la revisión de la entrega de bonos agrarios asignados a causahabientes, derivado de expropiaciones realizadas en el predio mencionado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue requerido para efectuar la transferencia de bonos pendientes mediante depósitos judiciales a una cuenta designada, como orden previa del Tribunal. Asimismo, se recibieron solicitudes de entrega de bonos presentadas por apoderados de herederos, así como requerimientos de documentación adicional para acreditar la titularidad y legitimidad en algunos casos.

Consideraciones principales y decisiones adoptadas

En primer lugar, el Tribunal constató que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumplió parcialmente con la orden inicial, realizando algunos pagos de bonos agrarios a favor de determinados herederos. Sin embargo, no se había materializado la transferencia total de los bonos pendientes a través de depósitos judiciales, incumpliendo la orden emitida en enero de 2025. Por ello, el auto ordena por última vez al Ministerio de Hacienda efectuar dicha transferencia en un plazo perentorio de diez días, bajo apercibimiento de iniciar un proceso sancionatorio por desacato judicial conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CGP). Para facilitar este trámite, la Secretaría del Tribunal debe elaborar un informe detallado de los bonos pendientes y remitirlo a la cartera ministerial. En segundo lugar, respecto a la entrega de bonos solicitada a nombre de causahabientes representados por apoderados, el Tribunal dispuso la entrega de seis bonos a quienes acreditaron la representación legal y la partición aprobada, en virtud de la documentación aportada por el juzgado competente. La entrega se realizará a través del apoderado designado, quien queda encargado de distribuir los bonos conforme a las proporciones establecidas. Por otro lado, para solicitudes de entrega presentadas sin la documentación completa que acredite la titularidad y partición de los bonos agrarios, especialmente en casos donde el causahabiente falleció, el Tribunal requirió la presentación de la sentencia aprobatoria del trabajo de partición y otros documentos pertinentes para emitir pronunciamiento de fondo. Finalmente, se reconoció la personería jurídica de la apoderada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conforme a las normas procesales vigentes, para efectos de representación en el proceso.

Implicaciones de la providencia

El auto judicial enfatiza la importancia de cumplir con las órdenes de transferencia y entrega de bonos agrarios en procesos de expropiación, estableciendo plazos claros y procedimientos rigurosos para asegurar la correcta distribución de los recursos a los beneficiarios legítimos. Asimismo, resalta la necesidad de aportar documentación completa para la resolución efectiva de las solicitudes y evitar dilaciones procesales. La decisión refleja un ejercicio de control judicial sobre las actuaciones administrativas en materia agraria, garantizando la protección de derechos adquiridos y cumplimiento de obligaciones estatales. Además, establece mecanismos sancionatorios para casos de incumplimiento, fortaleciendo la eficacia del sistema judicial administrativo en Colombia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.