Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, emitió un auto el 21 de agosto de 2025, en el marco de un proceso de reparación directa instaurado por una empresa dedicada a productos químicos en reorganización contra el Municipio de Tocancipá. El auto se profiere en primera instancia bajo el sistema de oralidad y tiene como propósito principal la regulación del trámite probatorio, específicamente en lo relacionado con la presentación y contradicción de dictámenes periciales económicos.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta en 2018 y durante la audiencia inicial del 1° de abril de 2025, el tribunal decretó la práctica de prueba documental consistente en la solicitud de copia auténtica del expediente administrativo que precedió y culminó con la expedición del Acuerdo No. 009 de 2010 por parte del Concejo Municipal de Tocancipá. La entidad demandada cumplió con la entrega de dicha documentación el 19 de mayo de 2025, iniciándose el traslado a las partes para pronunciamiento. Por otra parte, la parte actora aportó un dictamen pericial económico que valoró el lucro cesante derivado del cierre de una planta productora en el municipio. En respuesta, el Municipio solicitó un término para allegar un dictamen pericial de contradicción, inicialmente concedido por tres meses. Posteriormente, la entidad demandada solicitó una ampliación de este plazo debido a trámites administrativos y presupuestales para la contratación del perito, petición que fue aceptada por el tribunal.

Consideraciones y fundamentos de la decisión

El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 219 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que permite la ampliación del plazo para presentar dictámenes periciales cuando la entidad pública requiere contratar asesoría técnica para controvertir pruebas periciales presentadas por la contraparte. Esta medida busca salvaguardar el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Asimismo, el tribunal estableció que una vez allegado el dictamen pericial de contradicción, la parte accionada deberá acreditar el traslado a las demás partes y al Ministerio Público, quienes dispondrán de quince días para pronunciarse al respecto. En caso de incumplimiento, el tribunal surtirá el traslado de oficio y fijará fecha para la audiencia de pruebas mediante auto separado. Finalmente, el auto ordena notificar a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, utilizando los correos electrónicos informados, garantizando así la transparencia y la adecuada comunicación procesal.

Conclusión

El auto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca refleja la importancia de garantizar los derechos procesales en los procesos contencioso administrativos, especialmente en lo que respecta a la práctica y contradicción de pruebas periciales. La ampliación del plazo para la presentación del dictamen pericial de contradicción y el procedimiento ordenado para su traslado contribuyen a la efectiva administración de justicia y al respeto del debido proceso en el ámbito judicial, asegurando que todas las partes tengan igualdad de condiciones para ejercer su derecho de defensa.