Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante auto proferido el 22 de agosto de 2025, admitió la demanda de controversia contractual interpuesta por un consorcio contratista contra el Departamento de Amazonas. La providencia corresponde a un auto de admisión en primera instancia, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.).

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda tiene por objeto declarar el incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 000955 del 21 de septiembre de 2015, celebrado para la ejecución del proyecto de “desarrollo de soluciones energéticas híbridas para abastecimiento de energía eléctrica en el Departamento de Amazonas”. El contratista alega, entre otros aspectos, la responsabilidad de la entidad pública demandada por la custodia de los equipos contratados y la pérdida de oportunidad derivada de la suspensión del contrato, el cual no ha sido liquidado ni terminado unilateral ni bilateralmente por la administración. El consorcio demandante está conformado por tres empresas con participaciones diferenciadas, mientras que la parte demandada es el Departamento de Amazonas en calidad de entidad contratante. La demanda fue inicialmente radicada el 21 de abril de 2025 por medios electrónicos, fue inadmitida en primera instancia en junio, y posteriormente reapercibida para decidir sobre su admisión en julio de 2025.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El tribunal verificó el cumplimiento de los presupuestos procesales, tales como competencia territorial y por cuantía, legitimación en la causa y requisitos formales de la demanda conforme a los artículos 141, 152, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 del C.P.A.C.A. Se destacó que la cuantía de la pretensión supera el límite de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2025, lo que confirma la competencia del tribunal en primera instancia. Respecto a la oportunidad del medio de control, se evidenció que el contrato permanece vigente debido a la ausencia de liquidación, situación que legitima la interposición de la demanda. Asimismo, se aplicaron los principios pro damnato y pro actione para resolver favorablemente la admisión, reservando el análisis de posibles caducidades para etapas procesales posteriores. En cuanto a la conciliación extrajudicial, el tribunal determinó la facultatividad de este requisito debido a la solicitud de medidas cautelares de carácter patrimonial, conforme a lo previsto en el artículo 161 del C.P.A.C.A. y la Ley 2220 de 2022. Finalmente, la providencia ordena notificar personalmente al representante legal del Departamento de Amazonas y al agente del Ministerio Público, así como remitir la demanda para traslado a la parte demandada, con la advertencia de aportar el expediente contractual completo y las pruebas pertinentes en el término legal. Además, se establecen reglas claras para la tramitación de pruebas de oficio y la recepción de memoriales a través de la plataforma virtual SAMAI.

Implicaciones procesales

Esta admisión marca el inicio formal del proceso de controversia contractual, permitiendo a las partes ejercer sus derechos procesales en el marco del debido proceso. El tribunal garantiza la transparencia y el cumplimiento de las normas procesales vigentes, incluyendo las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, que impactan aspectos como las notificaciones y la tramitación electrónica. Con esta decisión, el tribunal configura un precedente relevante en materia de controversias contractuales estatales, especialmente en contratos de obra pública de gran cuantía y en sectores estratégicos como el energético, con impacto en la región del Amazonas. Este avance judicial contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en la contratación estatal, aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible de la región y la garantía de los derechos de las partes involucradas.