Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Cuarta - Sub-Sección «A», con sede en Bogotá D. C., es el órgano judicial encargado de conocer y decidir este proceso en segunda instancia. La providencia en cuestión corresponde a un auto proferido el 26 de agosto de 2025, por la magistrada ponente de la referencia.

Antecedentes del proceso

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en noviembre de 2020 contra dos resoluciones expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Asuntos Legales, que resolvieron excepciones y recursos relacionados con mandamientos de pago. La demanda fue admitida en octubre de 2021, y aunque se solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos, esta fue negada en enero de 2024. La parte demandada presentó contestación en julio de 2022, tras aclarar un error en la remisión inicial. Desde entonces, el proceso ha avanzado con la incorporación de pruebas documentales por ambas partes.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Tribunal aplicó el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182A a la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA). Esta norma permite dictar sentencia anticipada en procesos administrativos cuando se cumplen ciertos requisitos, como tratarse de asuntos de puro derecho y que no requieran práctica de pruebas adicionales. Tras analizar el expediente, se constató que las pruebas aportadas son exclusivamente documentales y pertinentes, y que no existen controversias fácticas significativas entre las partes. Por lo tanto, se cumplen las condiciones para proceder a la sentencia anticipada. El litigio se circunscribe a determinar la legalidad de las resoluciones administrativas cuestionadas, específicamente si incurrieron en vicios de debido proceso, falsa motivación, y si se notificaron correctamente los mandamientos de pago. También se examina la existencia y validez del título ejecutivo, en particular la falta de una liquidación certificada de la deuda y actos administrativos que reconozcan las pensiones, aspectos que impactan la claridad y exigibilidad de las obligaciones.

Medidas procesales adoptadas

El auto fija expresamente el litigio en los términos descritos, incorpora al proceso las pruebas documentales aportadas por ambas partes, y notifica esta decisión por estado electrónico, conforme a lo previsto en la Ley 1437 de 2011. Además, dispone que, una vez estén en firme estas medidas y no se interpongan recursos en contra, se correrá traslado a las partes para que presenten los alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que emita concepto. Este trámite se realizará por medio de la ventanilla virtual habilitada para la gestión electrónica del proceso. Finalmente, se exhorta a las partes a cumplir con los protocolos para la gestión de documentos electrónicos y conformación del expediente digital, garantizando así la transparencia y eficiencia en la administración de justicia.

Implicaciones y próximos pasos

Este auto representa un avance significativo en el proceso, ya que se prepara el terreno para la sentencia anticipada, un mecanismo que busca acelerar la resolución de asuntos administrativos cuando las pruebas y hechos están claros. La decisión se enmarca en la reforma procesal introducida por la Ley 2080 de 2021, que moderniza y optimiza el procedimiento contencioso administrativo. El proceso continuará con los alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público, tras lo cual el Tribunal podrá emitir la sentencia definitiva sobre la nulidad o no de los actos administrativos cuestionados. Esta providencia es recurrible mediante recurso de reposición conforme a la legislación vigente, garantizando así el derecho de defensa y el debido proceso para todas las partes involucradas.