Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sección Primera - Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, mediante el Auto Interlocutorio No. 374, fechado el 26 de agosto de 2025. Este tribunal conoció el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Antecedentes del caso

La ANH demandó la nulidad de dos actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): la Resolución 3150 de diciembre de 2023 y la Resolución 2124 de septiembre de 2024, mediante las cuales se sustituyó la titularidad de la licencia ambiental del proyecto “Área de Interés Exploratorio Antorcha” en Antioquia, originalmente otorgada en 2009 a una sociedad privada. El proyecto hidrocarburífero estuvo inicialmente bajo un contrato de exploración y producción celebrado en 2007 entre la ANH y la empresa titular de la licencia ambiental, el cual fue liquidado en 2014. Durante el proceso, la sociedad privada solicitó la modificación de la licencia ambiental, pero desistió y presentó un plan de desmantelamiento y abandono del proyecto. La ANLA, tras múltiples requerimientos y seguimiento, identificó incumplimientos en las obligaciones ambientales. Ante la disolución y liquidación de la sociedad titular, la ANLA decidió en 2023 sustituir la titularidad de la licencia ambiental a favor de la ANH, decisión que fue ratificada en 2024. La ANH argumentó que tal sustitución carecía de competencia legal y violaba el procedimiento establecido para modificaciones y cesiones de licencias ambientales.

Consideraciones jurídicas y razones de la decisión

El tribunal analizó las normas aplicables, especialmente los artículos 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015, que regulan la modificación y cesión de licencias ambientales, y los artículos relacionados con las funciones de la ANLA y el procedimiento administrativo ambiental. Se destacó que para la modificación o cesión de una licencia ambiental es indispensable la solicitud expresa del titular y la aprobación formal por parte de la autoridad ambiental, requisitos que, según la demanda, no fueron cumplidos por la ANLA. Sin embargo, el tribunal también examinó el contrato de exploración y producción, el cual establece cláusulas específicas sobre la cesión de la licencia ambiental y obligaciones de abandono en caso de terminación contractual. El tribunal concluyó que, en esta etapa procesal, no se evidenció una vulneración clara de las normas invocadas ni un perjuicio irremediable para la ANH que justificara la suspensión provisional de los actos administrativos. Además, resaltó que la actuación de la ANLA se orientó a garantizar la protección del medio ambiente y la gestión de las obligaciones pendientes del proyecto, en concordancia con sus funciones legales. En cuanto a la solicitud de la ANH, el tribunal consideró que no demostró sumariamente la titularidad exclusiva del derecho invocado ni la existencia de un daño irreparable en caso de no concederse la medida cautelar. También sostuvo que la suspensión de la sustitución dejaría sin responsable las obligaciones ambientales vigentes, afectando el interés colectivo y los principios constitucionales de protección ambiental y desarrollo sostenible.

Conclusión del tribunal

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, señalando que la decisión no prejuzga el fondo del asunto, sino que responde a un análisis preliminar de los requisitos legales para la adopción de medidas cautelares en materia administrativa ambiental. Esta resolución pone de relieve la complejidad de las relaciones contractuales y administrativas en proyectos hidrocarburíferos, así como la importancia del cumplimiento riguroso de los procedimientos legales en la modificación y cesión de licencias ambientales para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad jurídica. Con esta decisión, se reafirma el compromiso del sistema judicial con la protección ambiental y el desarrollo sostenible, sin desconocer los derechos y obligaciones de las partes involucradas en estos proyectos estratégicos para el país.