Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”, en calidad de instancia de conocimiento, profirió un auto el 2 de septiembre de 2025 en el marco de un proceso ejecutivo laboral. La demanda fue interpuesta contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, buscando el cobro de obligaciones derivadas de sentencias judiciales previas. Sin embargo, el tribunal determinó que el escrito de demanda y sus anexos adolecen de falencias formales que impiden continuar con la expedición del mandamiento de pago solicitado.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda ejecutiva fue instaurada para obtener el pago de sumas reconocidas en sentencias proferidas por la misma jurisdicción en años anteriores. El actor solicita que se expida el acto administrativo correspondiente para cumplir con la orden judicial de pago. El proceso ejecutivo se basa en un título complejo, integrado por la sentencia judicial y el acto administrativo de cumplimiento de la misma. El tribunal recordó que el proceso puede iniciarse tanto cuando la administración incumple total o parcialmente la sentencia, o cuando se excede la obligación impuesta.

Consideraciones jurídicas y requisitos del título ejecutivo

El tribunal enfatizó que el juez de la causa tiene la competencia para examinar tanto los requisitos formales como sustanciales de la demanda ejecutiva. En este sentido, debe verificarse que el título ejecutivo sea claro, expreso, exigible y legal. La jurisprudencia establece que la falta de requisitos formales debe ser subsanada mediante plazo otorgado para corregir, evitando el rechazo inmediato de la demanda. Por otro lado, la ausencia de requisitos de fondo conduce a la negativa del mandamiento de pago. En el presente caso, aunque los documentos allegados constituyen una obligación clara y exigible a cargo del Ministerio de Defensa, la demanda presenta una incongruencia que impide expedir el mandamiento de pago. En particular, se requiere que la parte ejecutante aporte certificación detallada del sueldo básico y prestaciones sociales devengadas en el período correspondiente, con indicación del porcentaje reconocido y periodo de causación.

Implicaciones procesales y plazo concedido

Con fundamento en el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el tribunal concedió un término de diez días para que la parte demandante subsane las falencias señaladas. De no hacerlo en este plazo, se adoptarán las medidas legales correspondientes. Esta decisión garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia, permitiendo a la parte ejecutar su derecho de manera formalmente adecuada. Finalmente, cabe destacar que la providencia fue suscrita electrónicamente conforme a la Ley 2213 de 2022, asegurando la integridad y autenticidad del acto procesal. Esta resolución destaca la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos formales y sustanciales en los procesos ejecutivos contra entidades públicas, especialmente cuando el título ejecutivo se compone de sentencias judiciales y actos administrativos de cumplimiento. El otorgamiento de plazos para subsanar defectos formales refleja el equilibrio entre la celeridad procesal y la garantía del debido proceso, fortaleciendo así la confianza en la administración de justicia.