Institución emisora y contexto normativo

La Resolución 1365 de 2025 fue emitida el 1° de septiembre de 2025 por la Dirección de Regulación y Habilitación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), máxima autoridad catastral nacional en Colombia. Esta resolución se fundamenta en el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 43 de la Ley 2294 de 2023, así como en la Resolución 1040 de 2023, la Resolución 746 de 2024 y el Decreto 846 de 2021, que regulan la gestión catastral multipropósito y la habilitación de gestores catastrales.

Objeto y destinatarios de la resolución

El tema principal de esta resolución es la entrega formal del servicio público de gestión catastral del municipio de Montenegro, Quindío, al Gestor Catastral Esquema Asociativo Territorial Asociación de municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño (EAT MASORA). El destinatario principal es este gestor catastral, quien asume la responsabilidad de la actualización, conservación y difusión de la información catastral en las zonas rurales y urbanas de dicho municipio. La decisión es relevante para las autoridades locales, operadores catastrales, entidades públicas y la ciudadanía, debido a la importancia del catastro en la gestión territorial, tributaria y planificación urbana y rural.

Finalidad y alcance de la resolución

La resolución tiene como objetivo principal establecer el fin del periodo de entrega del servicio público de gestión catastral y formalizar la transferencia de competencias y responsabilidades desde el IGAC hacia el gestor contratado. Este proceso busca garantizar una transición ordenada, segura y conforme al marco legal vigente, asegurando la continuidad y calidad del servicio catastral en Montenegro.

Principales disposiciones y cronograma

La resolución declara finalizado el periodo de entrega el 1° de septiembre de 2025, luego de cumplirse todas las actividades programadas en el cronograma acordado entre el IGAC, como gestor saliente, y el EAT MASORA, como gestor entrante. A partir del 2 de septiembre de 2025, el Gestor Catastral EAT MASORA asume la responsabilidad total sobre la base catastral y la prestación del servicio público en el municipio. Se destaca que, durante el proceso, se estableció una suspensión de términos en los trámites y actuaciones catastrales desde el 15 de agosto hasta el 1° de septiembre de 2025, para facilitar la transferencia de información y evitar riesgos jurídicos. Además, se autorizó una prórroga del periodo de entrega ante la necesidad de ajustes técnicos en la base catastral. La entidad encargada realizó visitas de inspección para verificar que el gestor entrante cumpliera con las condiciones técnicas y administrativas, emitiendo concepto técnico favorable previo a la entrega definitiva.

Fundamento jurídico y comunicaciones oficiales

La regulación se sustenta en normas clave como la Ley 1955 de 2019, la Ley 2294 de 2023, el Decreto 846 de 2021, y resoluciones internas del IGAC (1040 de 2023 y 746 de 2024). La entrega se formaliza mediante actos administrativos que se notifican a las partes involucradas, incluyendo el municipio de Montenegro, entidades nacionales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras, y la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución de Tierras.

Impacto y relevancia de la resolución

Esta resolución representa un paso concreto en la implementación del modelo de gestión catastral multipropósito en Colombia, fortaleciendo la descentralización y autonomía territorial en materia catastral. La transferencia al EAT MASORA permitirá una gestión más focalizada y eficiente del catastro en Montenegro, con potencial para mejorar la actualización y calidad de la información territorial, facilitando la planificación urbana y rural, y consolidando la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. En síntesis, la Resolución 1365 de 2025 del IGAC establece un marco claro y ordenado para la entrega del servicio público de gestión catastral, garantizando el respeto a los principios administrativos y legales que rigen la materia, y contribuyendo a la modernización y eficiencia del sistema catastral colombiano. Esta acción consolida la confianza de la ciudadanía en la gestión territorial y abre paso a futuras mejoras en la administración del territorio en la región.