Tipo de acuerdo, suscripción y contexto normativo

El proyecto corresponde a un Acuerdo Interadministrativo expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, con fecha de 2025 y número pendiente de asignación. Este acto administrativo se fundamenta en las facultades legales conferidas por la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 2363 de 2015 y el Decreto Ley 902 de 2017, así como en mandatos constitucionales relacionados con la protección de los recursos naturales y la promoción del acceso progresivo a la propiedad de la tierra para campesinos y trabajadores agrarios.

Objeto y ámbito de aplicación

La esencia del acuerdo radica en señalar los rangos correspondientes a las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por Unidades Físicas Homogéneas (UFH) a escala municipal en una selección de municipios de ocho departamentos colombianos. El ámbito de aplicación abarca los procedimientos que ejecuta la ANT para implementar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, en consonancia con la legislación vigente y los principios constitucionales de coordinación y protección social.

Metodología y principales disposiciones

El acuerdo adopta la metodología aprobada en el Acuerdo 167 de 2021 del Consejo Directivo de la ANT, que define la UAF como la combinación de un Área Mínima Rentable (AMR) y áreas complementarias, calculadas mediante análisis técnico de las Unidades Físicas Homogéneas a escala municipal. Las tablas incorporadas en el proyecto detallan los valores mínimos y máximos de las extensiones de las UAF para cada municipio y unidad física, reflejando la diversidad productiva y las condiciones específicas del territorio. El proyecto incluye disposiciones que excluyen áreas con restricciones legales o ambientales, tales como zonas de conservación, patrimonio cultural, zonas urbanas, territorios indígenas y comunidades negras, donde no se aplicará la metodología. Asimismo, contempla la identificación de áreas con inviabilidad productiva o económica, para las cuales se definen criterios especiales de adjudicación y manejo.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad y entidades

El proyecto de acuerdo tiene un impacto significativo en la regulación del acceso y uso de la tierra rural, contribuyendo a la reducción de la concentración inequitativa de la propiedad y a la promoción de la soberanía alimentaria. Al establecer criterios técnicos claros y adaptados a las características locales, se favorece la asignación justa y sostenible de tierras a campesinos y trabajadores agrarios, fortaleciendo la seguridad jurídica y el desarrollo rural integral. Además, el acuerdo promueve la participación ciudadana y de grupos de interés mediante la publicación previa del proyecto y su memoria justificativa en la página web de la ANT, cumpliendo con el artículo 8 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mecanismos de seguimiento y complementación normativa

El proyecto prevé la permanencia de la información técnica y geográfica en un vínculo de consulta pública en el sitio web de la ANT, facilitando el acceso a los datos y el control social. También establece la obligación de los entes territoriales de acoger las recomendaciones de los documentos técnicos para la implementación local. En cuanto a la vigencia, se señala que con la entrada en vigor del acuerdo se pierde la vigencia de normativas anteriores relacionadas con la definición de UAF en los municipios contemplados, garantizando la actualización y coherencia normativa en materia de ordenamiento social de la propiedad rural.

Conclusión

Este proyecto de acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras representa un avance técnico y jurídico en la definición de las Unidades Agrícolas Familiares en diversos municipios colombianos. Su implementación contribuirá a la gestión ordenada y sostenible del territorio rural, favoreciendo el acceso equitativo a la tierra y el desarrollo integral de las comunidades campesinas. Actualmente se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que su aprobación y puesta en marcha están sujetas a los procesos previstos en la normativa administrativa, asegurando la participación de la sociedad y la transparencia en la toma de decisiones.