Propósito general del proyecto de resolución
El proyecto de resolución tiene como propósito fundamental modificar la Resolución 128 de 2017, que establece las Bases para la Gestión del Territorio para usos agropecuarios y los Lineamientos de la estrategia de planificación sectorial agropecuaria. Esta modificación busca actualizar y armonizar la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural con el reconocimiento constitucional del campesinado y el derecho humano a la alimentación adecuada.
Objetivo principal y beneficiarios
El objetivo principal es garantizar la adecuada incorporación de las actividades de reforma agraria y desarrollo rural, así como la protección y promoción de la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en todos los instrumentos y mecanismos de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. Esto permitirá fortalecer la soberanía alimentaria, promover la producción local de alimentos, priorizar el abastecimiento interno y facilitar el acceso equitativo a tierras y recursos.
Los sectores beneficiados incluyen el campesinado, las comunidades rurales, pequeños agricultores y actores de la agricultura familiar y comunitaria, quienes verán reconocidos sus derechos territoriales, culturales y productivos, en armonía con la protección ambiental.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
Entre las innovaciones más relevantes, el proyecto adiciona numerales que enfatizan:
- La incorporación de la reforma agraria y el desarrollo rural en la planificación productiva y social de la tierra.
- La promoción de la soberanía alimentaria mediante el fortalecimiento de cadenas cortas de suministro y la diversificación productiva.
- El reconocimiento explícito de la protección constitucional del campesinado, basado en sus formas de territorialidad, condiciones geográficas y culturales.
- La articulación de instrumentos de planificación rural que incluyen prácticas agroecológicas y campesinas.
Además, se establece que las definiciones contenidas en la resolución no podrán interpretarse como limitativas o restrictivas de los derechos de dominio, posesión, uso o tenencia de los bienes rurales agropecuarios.
Acciones y regulación propuestas
El proyecto propone la articulación de instancias de participación existentes, tales como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Comités Municipales y Departamentales de Reforma Agraria y el Consejo Seccional Agropecuario, para asegurar la concertación y coordinación en diversos niveles territoriales.
Esta estrategia busca garantizar que la formulación y ejecución de la política sectorial se realice con participación activa y coordinada de los actores territoriales, promoviendo una gestión eficiente y democrática.
Impacto esperado y alcance potencial
Con esta modificación, se espera fortalecer la gestión integral de la propiedad rural, garantizando derechos y protección especial al campesinado y a la producción de alimentos, en consonancia con los principios constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos y cambio climático.
Se promueve un ordenamiento rural sostenible que facilite el desarrollo de actividades agropecuarias respetuosas con el medio ambiente y que aseguren la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Participación de actores clave
El proyecto destaca la participación de diversos actores del sector rural, incluyendo entidades gubernamentales, organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y demás organizaciones comunitarias. La coordinación entre estos actores es esencial para la implementación efectiva de la política pública.
Asimismo, se ha cumplido con el proceso de consulta pública a través del Sistema Único de Consulta Pública, con atención motivada a los comentarios recibidos, garantizando la transparencia y legitimidad del proceso normativo.
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Esta iniciativa normativa refleja un avance significativo en la armonización de la política rural, la protección de los derechos territoriales campesinos y la promoción de un desarrollo agropecuario sostenible y socialmente inclusivo. Se alinea con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y cambio climático, consolidando un marco normativo que impulsa la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales en el país.
