Objetivo y ámbito del Proyecto de Ley
El proyecto de ley tiene como objetivo principal reformar la Ley 1145 de 2007, que regula el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia. Su ámbito es principalmente social y jurídico, con implicaciones en la política pública para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa inicial de trámite legislativo tras su radicación el 19 de agosto de 2025. Los pasos siguientes incluyen su discusión en las comisiones correspondientes de Cámara y Senado, seguido de la votación en plenarias y posibles informes de conciliación.
Contexto de la propuesta
Colombia cuenta con una población significativa de personas con discapacidad (aproximadamente el 5% según datos oficiales recientes), quienes enfrentan barreras en educación, empleo, salud y participación social. A pesar de avances legislativos, persisten obstáculos estructurales y socioeconómicos que limitan el goce efectivo de sus derechos. La Ley 1145 de 2007, vigente desde hace más de quince años, requiere actualización para alinearse con estándares internacionales y responder a las recomendaciones de evaluaciones recientes. Además, la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (PPDIS) 2013-2022, aunque ha logrado avances, evidenció limitaciones en alcance y sostenibilidad, especialmente en la coordinación interinstitucional y la inclusión territorial.
Contenido clave del Proyecto de Ley
La reforma propone una actualización integral del SND, destacando:
- Revisión y ampliación de principios y definiciones: Incorpora enfoques de derechos humanos, diferencial, interseccional y de género, y conceptos como ajustes razonables, diseño universal, participación plena y autonomía.
- Reorganización del Sistema Nacional de Discapacidad: Sustituye el Ministerio de la Protección Social por el Ministerio de Igualdad y Equidad como organismo rector. Fortalece los Comités Técnicos de Discapacidad y establece una estructura con cuatro niveles: nacional, departamental/distrital, municipal/local y técnico.
- Consejo Nacional de Discapacidad (CND): Se convierte en órgano decisorio con mayor representatividad, incluyendo paridad de género y representación plural de personas con diversas discapacidades. Se regula la elección directa de sus miembros y se establecen incompatibilidades para evitar conflictos de interés.
- Consejos Territoriales de Discapacidad: Se amplían funciones, composición y mecanismos de participación en departamentos, distritos, municipios y localidades, con énfasis en articulación con planes de desarrollo y presupuesto.
- Garantías para la participación efectiva: Se establecen apoyos técnicos, logísticos y económicos para asegurar la participación real de personas con discapacidad en instancias de decisión.
- Gestión de información y monitoreo: Creación de un sistema nacional de información (SIND), actualización del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), y realización periódica de censos. También se fortalece el Observatorio Nacional de Discapacidad para evaluación y seguimiento.
- Transparencia y rendición de cuentas: Obliga a los órganos del SND a realizar audiencias públicas y publicar informes accesibles sobre sus actividades y resultados.
- Capacitación y socialización: Programa permanente para servidores públicos y miembros del SND sobre discapacidad, accesibilidad, enfoque diferencial e interseccionalidad.
- Sanciones por incumplimiento: Se consideran faltas graves la omisión en las obligaciones del SND por parte de funcionarios y contratistas del Estado.
Impacto potencial y debate
El proyecto busca superar las limitaciones identificadas en la implementación de la política pública de discapacidad, fortaleciendo la gobernanza institucional y promoviendo la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad en Colombia. Su enfoque integral y participativo pretende cerrar brechas en acceso a servicios, empleo, educación y participación política. El fortalecimiento de la representación plural y paritaria en el CND y los consejos territoriales apunta a una democracia más inclusiva, respetando el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”.
Entre los actores involucrados, organizaciones de personas con discapacidad han manifestado la necesidad de una mayor participación y recursos para garantizar la efectividad de la política. Expertos en derecho y políticas sociales valoran la actualización normativa y el enfoque de derechos humanos, aunque algunos plantean preocupaciones sobre la asignación presupuestal y la capacidad técnica para implementar los cambios propuestos.
El debate legislativo deberá considerar las medidas para asegurar la sostenibilidad financiera y la articulación efectiva entre niveles de gobierno, así como la promoción de mecanismos de control social y sanciones para garantizar el cumplimiento normativo. Además, se destacará la importancia de mantener un enfoque diferencial que atienda las necesidades específicas de subgrupos vulnerables, como mujeres, niños y niñas, víctimas del conflicto y comunidades étnicas.
Comparación con legislaciones similares
La reforma propuesta se alinea con tendencias internacionales en materia de discapacidad, similares a las adoptadas en países con políticas avanzadas de inclusión social. El énfasis en la participación directa, la paridad de género, el enfoque interseccional y la institucionalidad robusta reflejan los estándares de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La incorporación de sistemas integrados de información y censos periódicos también es una práctica común para mejorar la gestión basada en evidencia.
En conclusión, el Proyecto de Ley número 231 de 2025 representa un esfuerzo legislativo significativo para actualizar y fortalecer el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia, con miras a garantizar el pleno ejercicio de derechos y una mayor inclusión social de las personas con discapacidad. El trámite legislativo en curso será clave para definir su alcance final y su impacto en la sociedad colombiana, abriendo un camino hacia políticas públicas más inclusivas, efectivas y sostenibles.
