Contexto y referencia normativa

El Ministerio del Interior habría anunciado en 2025 un proyecto de decreto que adicionaría el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Esta adición buscaría reglamentar el artículo 312 de la Ley 2294 de 2023, la cual expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. El decreto modificaría y complementaría las disposiciones existentes para garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos en el país.

Tema principal y objetivos del proyecto

El proyecto de decreto tendría como propósito principal reglamentar el Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización – SINALIBREC, como política pública nacional transversal articulada con la planeación del desarrollo territorial, los derechos humanos y otros sistemas nacionales. Se buscaría fortalecer el sector religioso y garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos para todas las personas dentro del territorio nacional. Los objetivos incluirían la adopción, articulación y difusión de políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa y cultos; la promoción de la articulación interinstitucional, intersectorial y territorial; la facilitación de la participación efectiva del sector religioso en todas las fases del ciclo de políticas públicas; el desarrollo de mecanismos para prevenir vulneraciones a la libertad religiosa; la implementación de sistemas de seguimiento, evaluación y medición de impacto; el fomento de espacios de diálogo social, interreligioso e intercultural; y el impulso del fortalecimiento institucional y territorial.

Modificaciones y estructura del sistema

El proyecto establecería una estructura multinivel para el SINALIBREC, integrando la gestión pública con la participación del sector religioso mediante espacios legalmente constituidos para la formulación, implementación y seguimiento de la política pública. En el nivel nacional, el sistema se consolidaría a través del Comité Nacional de Participación y Diálogo Social e Intersectorial de Libertad Religiosa y la Mesa Nacional del Sector Religioso. A nivel departamental, distrital y municipal, existirían Comités o Mesas territoriales que liderarían el diálogo y seguimiento al derecho a la libertad religiosa en sus jurisdicciones. El decreto plantearía además la designación de enlaces de libertad religiosa en entidades nacionales y territoriales para mantener comunicación con el Ministerio del Interior y el sector religioso. Asimismo, se crearía una plataforma digital oficial para la comunicación y articulación entre las diferentes instancias del sistema.

Acciones y disposiciones específicas

Entre las medidas propuestas, el proyecto contemplaría:

• La coordinación intersectorial y territorial para garantizar una respuesta eficaz del Estado en materia de libertad religiosa.
• La promoción de la cooperación estatal con el sector religioso y la cooperación internacional.
• La creación de espacios para la presentación de informes periódicos ante el Congreso de la República.
• La realización de conferencias públicas para la rendición de cuentas y proyección de planes de trabajo.
• La conformación de comités territoriales autónomos para la participación y concertación en materia de libertad religiosa.
• La creación y regulación de redes temáticas como la Red Humanitaria Interreligiosa, la Red Académica para el Respeto y la Garantía de la Libertad Religiosa y la Red Rural Interreligiosa, enfocadas en asistencia social, educación, desarrollo sostenible y cohesión social en comunidades religiosas y rurales.
• La regulación de la Mesa Interinstitucional para el análisis de la conexidad entre el derecho a la educación y la libertad religiosa y de cultos, para asegurar el respeto a estos derechos en el ámbito educativo.
• La asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación e implementación de políticas públicas en el sector religioso.

Participación de actores clave

El proyecto indicaría que el SINALIBREC estaría conformado por actores nacionales, territoriales y poblacionales, incluyendo:

• El Ministerio del Interior como ente rector.
• Diversos ministerios, departamentos administrativos y entidades nacionales vinculadas.
• El Comité Nacional de Participación y Diálogo Social e Intersectorial de Libertad Religiosa y la Mesa Nacional del Sector Religioso.
• Entidades religiosas inscritas en el Registro Público de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior, y aquellas beneficiarias de convenios y concordatos con la Nación.
• Organizaciones sociales del sector religioso, instituciones educativas públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil que promuevan la libertad religiosa.
• Entidades territoriales como secretarías de gobierno, comités y mesas territoriales para la libertad e igualdad religiosa y de cultos.
• El Congreso de la República en su función de seguimiento.

Además, el proyecto contemplaría mecanismos de delegación para la participación en reuniones, siempre que la responsabilidad del impulso y funcionamiento del sistema no sea delegable.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

Según el texto, el proyecto de decreto habría sido publicado en la página web del Ministerio del Interior para recibir comentarios de la ciudadanía y grupos de interés, conforme a los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015, con el fin de garantizar la transparencia y la participación en su proceso de elaboración. No se especifican fechas exactas para la recepción de observaciones, pero se indicaría que la Secretaría Técnica del Ministerio coordinaría dicho proceso. --- Esta iniciativa del Ministerio del Interior consolidaría un marco normativo para articular y fortalecer la garantía del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos en Colombia, mediante la creación y reglamentación de un sistema nacional con amplia participación de actores públicos, privados y religiosos. Así, se espera promover un ambiente de respeto, convivencia pacífica y diálogo social que contribuya al desarrollo integral y la cohesión social en el país.