Providencia de segunda instancia en el Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sesión del 28 de agosto de 2025, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, proferida el 12 de septiembre de 2024. La demanda se originó a partir de la impugnación de varios acuerdos metropolitanos y una resolución emitidos por la Junta Metropolitana y el Área Metropolitana de Bucaramanga, relacionados con el cobro de la contribución por valorización para la ejecución de obras públicas metropolitanas.

Antecedentes y contexto del proceso

El caso tiene su origen en los acuerdos metropolitanos 020 de 2000, 008 de 2006, 006 de 2007, 003 y 013 de 2008, así como en la resolución 381 de 2008, mediante los cuales se establecieron el estatuto general de valorización, se aprobaron estudios de prefactibilidad, se delimitó la zona de citación y se distribuyó la contribución por valorización para la construcción de terceros carriles entre municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. La parte demandante ejerció inicialmente la acción de nulidad, cuestionando la competencia de la entidad para crear tributos, la legalidad de los métodos de cálculo de la contribución, la delimitación de la zona de citación, y la omisión de beneficiarios en el cobro, entre otros aspectos. Solicitaron la nulidad total o parcial de los actos administrativos mencionados y la restitución de valores pagados.

Consideraciones jurídicas y análisis del Consejo de Estado

El Tribunal Administrativo de Santander declaró probada de oficio la excepción de pleito pendiente, dado que existían procesos previos con identidad de objeto, causa y partes, lo que podía conducir a sentencias contradictorias. Sin embargo, en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó esta decisión al evidenciar que uno de los procesos relacionados ya había finalizado con sentencia ejecutoriada, lo que implica que no hay pleito pendiente en sentido estricto. No obstante, el Consejo de Estado confirmó la excepción de cosa juzgada respecto a los acuerdos metropolitanos y la resolución en cuestión, debido a la identidad de objeto (los mismos actos administrativos demandados) y causa (los cargos de nulidad ya analizados en procesos anteriores). En este sentido, la sentencia de segunda instancia de un proceso previo constituyó un límite para volver a discutir los mismos aspectos jurídicos. Adicionalmente, respecto a los artículos 4 y 5 de la resolución 381 de 2008, la Sala indicó que estos actos tienen carácter particular y debieron ser impugnados mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho en un término de cuatro meses desde su notificación. Como la demanda fue presentada fuera de este plazo, se declaró probada la excepción de caducidad. En cuanto a los cargos específicos, el Consejo de Estado constató que: - La competencia para dictar estatutos generales de valorización corresponde a las áreas metropolitanas conforme a la Ley 128 de 1994 y no requiere delegación expresa para el cobro de tributos relacionados. - Los métodos para determinar el beneficio y la contribución están previstos en el estatuto general y su aplicación se basó en estudios de prefactibilidad aprobados. - No se acreditó la vulneración del principio de igualdad ni errores sustanciales en la delimitación de la zona de citación o en la corrección del método de cálculo. - La corrección del método de cálculo de la contribución fue una aclaración de denominación y no afectó los principios de celeridad, eficacia ni publicidad administrativa.

Conclusión de la providencia

En consecuencia, el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia, declaró probada la excepción de cosa juzgada en relación con la mayoría de los actos administrativos impugnados y la excepción de caducidad frente a artículos específicos de la resolución 381 de 2008. Finalmente, negó las demás pretensiones formuladas en la demanda y no condenó en costas, en atención a que la acción se ejerció en ejercicio de acción pública. Esta decisión reafirma la importancia de la cosa juzgada en la administración de justicia y los límites temporales para impugnar actos administrativos, aspectos esenciales para la seguridad jurídica en materia de contribuciones de valorización y la gestión de obras públicas metropolitanas. Así, se garantiza un marco jurídico estable que permite la continuidad y ejecución eficiente de proyectos de infraestructura que benefician a la comunidad del Área Metropolitana de Bucaramanga.