Propósito General y Objetivo Principal

El proyecto de resolución tiene como propósito definir los lineamientos y criterios que regirán la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos en los establecimientos educativos privados de educación formal en los niveles de preescolar, básica y media para el año escolar 2026. El objetivo principal es garantizar un esquema tarifario que preserve el poder adquisitivo de las familias y de los establecimientos, a la vez que promueva la mejora en la calidad educativa en el sector privado.

Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos

El proyecto adopta la versión 11 del Manual de Autoevaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, de obligatorio cumplimiento para la fijación de tarifas, mediante la aplicación EVI (Evaluación Institucional y Reporte Financiero). Establece que los establecimientos que operen en más de una jornada deben presentar formularios independientes para cada una. Se establecen criterios específicos para la determinación de incrementos en las tarifas, entre ellos:

• Clasificación institucional según autoevaluación y régimen tarifario (libertad regulada, libertad vigilada o controlado).
• Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual para agosto de 2025, según datos del DANE.
• Índice de Permanencia, que incluye indicadores de permanencia intra anual, interanual y tasa de aprobación, basado en información de matrícula de 2023 y 2024 reportada en SIMAT.
• Implementación de estrategias de educación inclusiva con atención diferenciada para población escolar con discapacidad, conforme a normativa vigente.
• Reconocimiento a la labor docente, con incrementos adicionales para establecimientos que acrediten que al menos el 80% de sus docentes perciben salarios conforme al escalafón docente establecido en el Decreto Ley 2277 de 1979.

Acciones y Regulaciones Establecidas

El proyecto regula la forma en que los incrementos serán aplicados según el régimen en el que se clasifique cada establecimiento educativo, con tablas específicas que combinan los criterios mencionados para determinar los porcentajes máximos de incremento permitidos. Además, establece que los establecimientos privados clasificados en el régimen controlado deberán presentar planes de mejora para superar las causas de su clasificación y acceder a mayores incrementos tarifarios. Se dispone que las entidades territoriales certificadas en educación expedirán los actos administrativos pertinentes para fijar las tarifas autorizadas antes del inicio del periodo de matrículas, y que los establecimientos que no presenten la documentación requerida con la debida anticipación serán clasificados automáticamente en el régimen controlado. En cuanto a los cobros periódicos, se reglamenta que estos deben estar expresamente establecidos en el reglamento o manual de convivencia y estar relacionados directamente con los servicios educativos ofrecidos, como transporte, alojamiento y alimentación. El proyecto también prohíbe prácticas restrictivas en la solicitud de materiales educativos, impidiendo que los establecimientos exijan proveedores o marcas específicas.

Impacto y Alcance Potencial

Se espera que esta regulación promueva la transparencia y equidad en la fijación de tarifas en la educación privada, protegiendo a las familias y fomentando la calidad educativa a través de incentivos para la autoevaluación, la educación inclusiva y el reconocimiento a la labor docente. El Índice de Permanencia introducido busca incentivar la retención y aprobación escolar, contribuyendo a fortalecer la permanencia estudiantil en los establecimientos educativos. Las medidas aplican a todos los establecimientos privados de preescolar, básica y media en Colombia, y contemplan también disposiciones específicas para la educación de adultos.

Participación de Actores Clave

El proyecto fue elaborado y socializado con la participación de diversas áreas internas del Ministerio de Educación Nacional, secretarías de educación territoriales, y la Mesa Nacional de Educación Privada, en procesos de consulta realizados durante 2025. Las entidades territoriales certificadas en educación tendrán un papel fundamental en la supervisión, autorización y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas. Asimismo, los consejos directivos de los establecimientos educativos privados deberán aprobar las propuestas tarifarias y listas de útiles escolares en sesiones formales, para garantizar la transparencia y participación institucional. --- Este proyecto de resolución se encuentra en etapa de socialización pública para observaciones ciudadanas, en cumplimiento de las normas administrativas vigentes, y se espera su promulgación para regular las tarifas del próximo año escolar. Se invita a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a participar activamente en este proceso para contribuir al mejoramiento del sistema educativo privado en Colombia.