Objetivo y ámbito de aplicación del proyecto
El proyecto tiene como propósito principal promover la construcción sostenible en el sector de vivienda social y prioritaria, mediante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, sus sistemas de almacenamiento y su integración en la prestación de servicios públicos domiciliarios. La iniciativa se dirige principalmente al ámbito social y ambiental, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir a la reducción del impacto ambiental. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, con previsión de reglamentación en un plazo máximo de un año tras su eventual promulgación.
Contexto y necesidad de la propuesta
El proyecto surge en un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de diversificar la matriz energética nacional hacia fuentes renovables no convencionales. Colombia, con un importante potencial solar en diversas regiones, enfrenta desafíos en el acceso asequible y sostenible a la energía, especialmente para las comunidades más vulnerables. La iniciativa responde a la necesidad de acelerar la transición energética, reducir los costos del servicio eléctrico para hogares de bajos ingresos y contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante.
Contenido clave del proyecto
El proyecto de ley consta de nueve artículos que establecen, entre otros aspectos:
- El objeto de promover el uso voluntario de energía solar fotovoltaica en proyectos VIS y VIP.
- La aplicación a todos los agentes públicos y privados involucrados en estos proyectos, bajo supervisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Minas y Energía.
- La definición del concepto de construcción sostenible conforme a la normativa vigente.
- La adición de un literal a la Ley 1537 de 2012 que promueve expresamente la construcción sostenible con energía solar en vivienda social y prioritaria.
- La responsabilidad de los ministerios encargados para definir metodologías, criterios técnicos y socioeconómicos para la implementación, considerando particularidades territoriales y climáticas.
- La obligación de realizar evaluaciones de costo-beneficio, identificación de sobrecostos y la formulación de alternativas de financiación para mitigar impactos económicos.
- La inclusión de programas de financiación en los anteproyectos presupuestales de los agentes públicos involucrados.
- La priorización de recursos a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fonenergía) para respaldar la implementación.
- La vigencia inmediata tras la promulgación y derogatoria de normas contrarias.
Perspectivas y debate
El proyecto ha recibido apoyo por su contribución a la transición energética y a la sostenibilidad social y ambiental, alineándose con políticas nacionales y compromisos internacionales. Se destaca su enfoque voluntario, lo que permite adaptar la implementación a las condiciones específicas de cada territorio y proyecto. Sin embargo, algunos sectores expresan inquietudes sobre los posibles costos adicionales y la necesidad de garantizar una financiación adecuada para evitar impactos negativos en la ejecución de proyectos VIS y VIP. Además, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de metodologías técnicas serán claves para el éxito de la iniciativa.
Comparación con legislaciones similares
La iniciativa colombiana se enmarca en una tendencia global de promover energías renovables en proyectos habitacionales sociales, similar a políticas implementadas en países con altos niveles de radiación solar como Alemania, España y México. A diferencia de algunas legislaciones que establecen obligatoriedad, este proyecto opta por un modelo voluntario con acompañamiento estatal, buscando un equilibrio entre promoción y flexibilidad.
Conclusión
El Proyecto de Ley número 196 de 2025 representa un avance legislativo significativo para impulsar la construcción sostenible en Colombia, al integrar la energía solar fotovoltaica en viviendas sociales y prioritarias. Su avance en el trámite legislativo y el debate público serán determinantes para consolidar una política que contribuya a un desarrollo ambientalmente responsable y socialmente inclusivo en el país. De aprobarse, esta iniciativa podrá convertirse en un referente para otras naciones de la región que buscan combinar desarrollo habitacional con sostenibilidad energética, fortaleciendo el compromiso de Colombia con un futuro más limpio y equitativo.
