Providencia dictada por la Sala Quinta del Consejo de Estado

La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió un auto en el marco de una acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 004. La providencia, fechada el 21 de agosto de 2025, responde a una solicitud de aclaración sobre una sentencia previa del 24 de julio de 2025 que confirmó la improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse el requisito de la relevancia constitucional.

Antecedentes del caso

Los accionantes, representados por apoderado judicial, promovieron una acción de tutela para proteger derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana, el trabajo, la salud en conexión con la vida y el debido proceso, que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena. La controversia surgió tras la confirmación por parte de dicho tribunal de la caducidad de una acción ejecutiva en un proceso relacionado con el cobro de una sentencia. En primera instancia, la tutela fue declarada improcedente por falta de inmediatez, dado que el recurso de súplica objeto de la tutela fue notificado en noviembre de 2023 y la tutela se presentó en marzo de 2025, excediendo el término de seis meses para su presentación. La impugnación de esta decisión por parte de los accionantes fue igualmente rechazada en segunda instancia, esta vez por no acreditarse la relevancia constitucional del caso.

Consideraciones de la Sala sobre la solicitud de aclaración

El Consejo de Estado examinó la petición de aclaración presentada por los accionantes, quienes argumentaron que la fecha de radicación de la tutela había sido erróneamente registrada y que existía una omisión en el análisis sobre la solicitud de acumulación de procesos ejecutivos. Sin embargo, la Sala determinó que la solicitud de aclaración debe limitarse a esclarecer conceptos o frases oscuros en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan directamente en ella. Tras analizar el expediente y la documentación aportada, la Sala concluyó que la sentencia de segunda instancia es clara y precisa en sus consideraciones y resolución. Asimismo, la fecha tomada para computar la inmediatez correspondió a la registrada en el sistema oficial, y la supuesta discrepancia no fue oportunamente planteada en la impugnación. En cuanto a la acumulación de procesos, el Consejo enfatizó que la competencia para resolver sobre dicha materia corresponde al juez natural de los procesos ejecutivos y no al despacho que conoció del recurso de súplica. Por lo tanto, no se identificaron motivos que justificaran la aclaración solicitada, dado que la decisión impugnada no contiene ambigüedades ni errores que afecten su comprensión o ejecución.

Decisión final y efectos

En consecuencia, la Sala Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración de la sentencia del 24 de julio de 2025. La providencia advierte que contra esta decisión no procede recurso alguno, y ordena notificar a las partes por el medio más expedito y eficaz. Esta resolución reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos procesales en las acciones de tutela, particularmente en lo relativo a la inmediatez y relevancia constitucional, así como los límites de la figura de aclaración como mecanismo para precisar, pero no modificar, decisiones judiciales firmes. --- Para consultar la providencia oficial, puede accederse al sistema electrónico del Consejo de Estado mediante el número de radicación.