Providencia judicial y tribunal competente

La decisión corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, que resolvió el recurso de apelación contra la sentencia inicial del Tribunal Administrativo del Caquetá. El proceso se adelantó en ejercicio del medio de control de repetición, previsto en la Ley 678 de 2001, cuyo fin es que el Estado recupere lo pagado cuando un servidor público haya incurrido en dolo o culpa grave.

Antecedentes del caso

El caso se originó en un accidente de tránsito ocurrido en marzo de 2012 cuando el gobernador del Caquetá, en ese momento, conducía un vehículo particular en estado de embriaguez, lo que provocó lesiones graves a su escolta, quien en su calidad de jefe del esquema de seguridad lo acompañaba. El ente territorial fue condenado judicialmente a pagar indemnizaciones por perjuicios materiales e inmateriales derivados del siniestro. Posteriormente, el Departamento del Caquetá, tras haber efectuado el pago correspondiente, instauró demanda de repetición contra el exgobernador, argumentando que su conducta gravemente culposa fue la causa directa del daño que generó la condena contra la entidad pública.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado confirmó la condena impuesta al exgobernador, al evidenciarse que su conducta encuadra en la presunción legal de culpa grave establecida en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001, en virtud de la violación manifiesta e inexcusable de las normas de tránsito al conducir bajo los efectos del alcohol. Se acreditó el pago efectivo de la condena por parte del Departamento del Caquetá y la calidad del demandado como servidor público para la época de los hechos. Además, se valoraron las pruebas documentales y testimoniales, incluyendo informes policiales, declaraciones de testigos presenciales y peritajes médicos, que confirmaron el estado de embriaguez del exgobernador al momento del accidente. Aunque existieron algunas discrepancias en la valoración médica del grado de alcoholemia, la Sala señaló que cualquier grado de embriaguez es suficiente para configurar la culpa grave, especialmente en el ejercicio de una actividad peligrosa como la conducción de vehículos. Se destacó que la ausencia de prueba técnica de alcoholemia no excluye la responsabilidad, dado que la percepción directa y otros medios probatorios resultaron contundentes. La Sala también enfatizó la importancia de la relación causal entre la conducta y el daño causado, concluyendo que la imprudencia y negligencia del exgobernador fueron determinantes para la ocurrencia del siniestro y la condena del Estado.

Liquidación y condena en costas

La suma a pagar por el demandado fue actualizada a valor presente y corresponde al capital efectivamente desembolsado por el Departamento del Caquetá, excluyendo intereses de mora que no son imputables al servidor público. En consecuencia, se condenó al exgobernador a reembolsar al ente territorial la suma de aproximadamente mil seiscientos noventa y seis millones de pesos. En cuanto a las costas del proceso de segunda instancia, no se impusieron debido a la falta de acreditación de gastos procesales y a que no se decretaron pruebas ni se adelantó actuación procesal relevante en esta fase.

Conclusión de la Sala

El Consejo de Estado reafirmó la facultad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer y decidir sobre la acción de repetición, conforme a los principios constitucionales y legales vigentes. La sentencia subrayó que la responsabilidad patrimonial del servidor público debe determinarse con base en pruebas idóneas que acrediten la culpa grave o dolo, respetando el derecho de defensa y el debido proceso. Finalmente, la Sala resolvió modificar la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá para confirmar la responsabilidad patrimonial del exgobernador y ordenar el pago de la suma actualizada al ente territorial, sin condena en costas, garantizando así la reparación integral del daño causado y el cumplimiento de los principios de responsabilidad administrativa en el servicio público.