Entidad emisora, fecha y contexto

La Resolución 000562 fue emitida por el Ministerio de Defensa Nacional el 9 de septiembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.238. Esta norma adiciona la Resolución 3660 de 2022 y se expide en respuesta directa a la sentencia de 18 de octubre de 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordenó al Estado colombiano implementar mecanismos efectivos para el acceso y control de las personas sobre sus datos en archivos de inteligencia.

Tema principal y destinatarios

Esta resolución regula el trámite de las solicitudes de acceso a la información relacionada con las funciones de inteligencia y contrainteligencia que realizan los organismos especializados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El destinatario principal son estos organismos, junto con los ciudadanos y personas naturales que ejercen su derecho de petición para conocer, actualizar o rectificar datos personales en los archivos de inteligencia.

Objetivo y finalidad

El objetivo central es establecer parámetros claros, ágiles y efectivos para el trámite de solicitudes de información en el marco del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, garantizando el equilibrio entre la transparencia y la reserva legal necesaria para la seguridad nacional. La resolución busca dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado y reforzar la protección de los derechos humanos en el manejo de información de inteligencia.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución determina que la función de inteligencia y contrainteligencia debe respetar estrictamente la Constitución, la ley y las normas internacionales de derechos humanos. Establece que los documentos de inteligencia tienen carácter reservado durante un plazo máximo de 30 años y que la reserva puede ser invocada por los jefes o directores de los organismos con motivación escrita, aplicando pruebas de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, se fija que la reserva no será invocada frente a autoridades judiciales, fiscales o disciplinarias, siempre que su uso no comprometa la seguridad nacional ni la integridad de personas o fuentes. Se aclara que los informes de inteligencia no tienen valor probatorio en procesos judiciales o disciplinarios, pero pueden orientar investigaciones. Para las solicitudes de información por parte de personas no autorizadas, se establecen criterios estrictos para evaluar la procedencia, incluyendo la identificación del nivel de clasificación, la protección del debido proceso y otros derechos, y la salvaguarda de métodos y fuentes. La resolución también define procedimientos para la actualización, corrección o retiro de datos personales, bajo principios de necesidad y proporcionalidad.

Base legal y normatividad relacionada

La resolución se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, en especial los artículos 2, 216, 217 y 218; la Ley Estatutaria 1621 de 2013 y su reglamentación mediante el Decreto 857 de 2014; la Ley Estatutaria 1712 de 2014 sobre acceso a la información pública; y en el Decreto 1874 de 2021. Además, incorpora las directrices de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como estándares internacionales en materia de derechos humanos y seguridad nacional.

Modificaciones y vigencia

Esta resolución adiciona la Resolución 3660 de 2022, incorporando nuevas disposiciones para dar cumplimiento a la sentencia internacional y mejorar la regulación del acceso a la información de inteligencia. La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Impacto potencial

La regulación busca fortalecer la protección del derecho a la autodeterminación informativa de los ciudadanos frente a los archivos de inteligencia, al tiempo que salvaguarda la seguridad y defensa nacional mediante la reserva legal. Esto puede generar mayor confianza en el manejo de datos personales y aportar claridad sobre los límites y procedimientos para acceder a información sensible, equilibrando transparencia y seguridad en un ámbito estratégico para el Estado. En conclusión, la Resolución 000562 de 2025 representa un avance normativo relevante en la regulación del acceso a la información en materia de inteligencia y contrainteligencia, alineándose con estándares internacionales y garantizando mecanismos efectivos para el ejercicio de derechos fundamentales en un contexto de seguridad nacional. Esta medida fortalece la confianza ciudadana y contribuye a una gestión responsable y transparente de la información sensible, siendo un paso importante para la consolidación del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Colombia.