Contexto y antecedentes del caso
La providencia judicial fue proferida por la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima instancia en materia administrativa en Colombia. El auto, fechado el 8 de septiembre de 2025, admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia emitida el 13 de mayo de 2025, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
El proceso tiene como demandante a un consorcio privado y como demandado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. La demanda original, presentada en enero de 2024 y reformada en abril del mismo año, reclama una suma superior a 2.200 millones de pesos colombianos, superando el umbral establecido para el recurso de apelación en procesos de esta naturaleza.
Tras la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones, diversas partes involucradas, incluyendo consorcios y particulares, presentaron recursos de apelación dentro del término legal. Se constató que la notificación del fallo se realizó adecuadamente conforme a la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021.
Consideraciones jurídicas relevantes
El Consejo de Estado verificó que se cumplen los presupuestos esenciales para la admisión del recurso de apelación, tales como la procedencia, oportunidad y sustentación, conforme a los artículos 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011, en su redacción modificada. El auto destaca que, durante el trámite de apelación, los sujetos procesales tienen la posibilidad de pronunciarse respecto a los recursos formulados por las demás partes, y que el Ministerio Público puede emitir concepto hasta antes de que el proceso ingrese al despacho para sentencia.
Se resalta que, pese a que la sentencia de primera instancia impuso una condena parcial al Distrito Especial demandado, no se solicitó audiencia de conciliación previa, conforme al artículo 247 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2220 de 2022, norma que prevé la posibilidad de conciliación cuando las partes o el Ministerio Público así lo requieran.
Asimismo, el auto ordena a las partes registrarse en el sistema de gestión judicial Samai para garantizar el acceso al expediente digital, facilitando la transparencia y el seguimiento del proceso en línea. Se establece un término de cinco días para este trámite, sin que el silencio de las partes afecte el procedimiento.
Decisión y siguientes pasos procesales
En consecuencia, el Consejo de Estado:
- Admite el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, los consorcios y particulares demandados contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia.
- Ordena notificar personalmente el auto al agente del Ministerio Público, conforme a la normativa procesal vigente.
- Solicita a las partes la inscripción en el sistema Samai para el acceso al expediente digital.
- Informa que las partes pueden presentar sus pronunciamientos hasta antes de la ejecutoria de la providencia, con el Ministerio Público participando hasta el ingreso al despacho para sentencia.
- Dispone que, una vez esta providencia sea firme, el expediente ingrese al despacho para continuar con el trámite procesal correspondiente.
Esta providencia, firmada electrónicamente por el magistrado ponente, se ajusta a las disposiciones legales vigentes y garantiza el debido proceso en la segunda instancia del litigio administrativo. El expediente está disponible para consulta pública a través del sistema digital del Consejo de Estado, fortaleciendo la transparencia judicial y asegurando el acceso a la información para todas las partes involucradas. Con este avance, se espera que el proceso continúe de manera ágil y conforme a derecho, garantizando la correcta administración de justicia en este caso relevante para el desarrollo científico y tecnológico de Medellín.
