Contexto y naturaleza de la providencia

El Consejo de Estado, en calidad de máximo tribunal de lo contencioso administrativo y en segunda instancia, emitió un auto el 19 de agosto de 2025 para corregir la sentencia de 29 de mayo de 2023. Esta última había confirmado la sentencia de primera instancia dentro de un proceso de reparación directa. La corrección responde a un error detectado en la parte resolutiva de dicha sentencia, relativo a la condena en costas.

Antecedentes del caso

El proceso se originó con una demanda presentada contra diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Rama Judicial y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 14 de agosto de 2014. Posteriormente, la Sala de Subsección B del Consejo de Estado confirmó la sentencia en apelación en mayo de 2023, condenando en costas a varias partes, incluida la Presidencia de la República. Sin embargo, durante la audiencia inicial del trámite, se declaró probada la excepción de falta de legitimación pasiva respecto a esta última entidad, por lo que quedó excluida del proceso y no participó en la segunda instancia.

Consideraciones jurídicas de la corrección

La Sala fundamentó la corrección en el principio de seguridad jurídica, el cual impide la revocación o reforma de sentencias por el mismo juez que las dictó, salvo en casos excepcionales como la aclaración o corrección de errores. En este sentido, se aplicaron los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso (CGP), que autorizan corregir errores aritméticos, omisiones o alteraciones en la parte resolutiva de la providencia, incluso después de finalizado el proceso. El tribunal identificó que la condena en costas a la Presidencia de la República constituía un error material, dado que esta entidad fue excluida del proceso desde la audiencia inicial y no participó en la segunda instancia. Por tanto, procedió a corregir el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de mayo de 2023, eliminando a dicha entidad de la condena en costas.

Decisión y alcance de la corrección

El auto corregido establece que la condena en costas será asumida por la parte demandante a favor de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia, con montos específicos expresados en salarios mínimos legales vigentes. En todo lo demás, la sentencia de segunda instancia permanece inalterada. Finalmente, se ordenó notificar a las partes conforme a lo previsto en el artículo 292 del CGP y la Ley 2213 de 2022, garantizando la transparencia y el debido proceso en la comunicación de esta corrección. Con esta medida, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la justicia y la correcta aplicación del derecho en los procesos administrativos.