Providencia y tribunal competente

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto fechado el primero de septiembre de 2025, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B de la Sección Tercera, que negó la solicitud de suspensión provisional de actos administrativos expedidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La providencia responde al recurso de apelación interpuesto por la demandante en un proceso de controversias contractuales bajo la Ley 1437 de 2011.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante, una sociedad contratista, presentó demanda contra el IDU en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, reclamando principalmente el reconocimiento de una mayor permanencia en la etapa de consultoría del contrato de interventoría 1327 de 2018, así como la nulidad de dos resoluciones sancionatorias expedidas por el Instituto. El contrato inicialmente establecía un plazo de 26 meses, dividido entre consultoría y construcción, pero la etapa de consultoría se prolongó más allá del tiempo pactado, generando costos adicionales. El IDU declaró el incumplimiento definitivo del contrato de interventoría y aplicó una cláusula penal pecuniaria, basándose en tres cargos: demoras en emitir observaciones a los productos de la consultoría, requerimientos tardíos al contratista sin utilizar los instrumentos contractuales previstos, y falta de recomendaciones oportunas para garantizar el desarrollo normal del contrato de obra. La demandante impugnó estas decisiones y solicitó la suspensión provisional de sus efectos, argumentando violaciones constitucionales y legales, así como la inexistencia del perjuicio alegado, acreditado mediante un dictamen pericial.

Consideraciones principales de la providencia

El Tribunal negó la medida cautelar, decisión que fue ahora confirmada por el Consejo de Estado. En primer lugar, se sostuvo que la cláusula penal pactada en el contrato constituye una tasación anticipada de perjuicios, lo que exime al Instituto de probar su existencia y cuantía para aplicar la sanción. Dicha cláusula se aplicó respetando criterios de proporcionalidad y razonabilidad, fijando el perjuicio en un porcentaje del valor afectado de la etapa de consultoría. Por otro lado, respecto a la supuesta vulneración del principio de igualdad y el desconocimiento del deber de aplicación uniforme de las normas, el Tribunal y la Sala concluyeron que no se acreditó la identidad fáctica y jurídica entre los casos comparados, y que la voluntad contractual prevalece en la contratación estatal, por lo que no se evidenció trato desigual preliminarmente. Finalmente, en relación con el derecho al debido proceso, se determinó que los cargos formulados en la audiencia inicial fueron coherentes con aquellos desarrollados en las resoluciones sancionatorias, por lo que no hubo una modificación sustancial que vulnerara la defensa de la demandante.

Conclusión procesal y costos

El auto confirmó que no se cumplen los requisitos para conceder la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se aborden a fondo las cuestiones controvertidas. Asimismo, se condenó en costas a la parte demandante, fijando las agencias en derecho a favor del Instituto de Desarrollo Urbano. La providencia destaca la interpretación jurisprudencial sobre las cláusulas penales en contratos estatales y reafirma la importancia de la proporcionalidad y el respeto al debido proceso en procedimientos sancionatorios contractuales. Se reitera que el análisis definitivo sobre la naturaleza y alcance de la cláusula penal corresponde a la sentencia de fondo, la cual resolverá de manera integral las controversias planteadas por las partes.