Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia analizada corresponde a un auto interlocutorio emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 28 de agosto de 2025. El auto resuelve un impedimento manifestado por un magistrado para intervenir en un proceso judicial de acción popular. Esta instancia es la encargada de resolver controversias en materia administrativa en segunda instancia y en casación.

Antecedentes fácticos y procesales

La Procuraduría General de la Nación, a través de una de sus procuradurías judiciales, promovió una acción popular contra una corporación autónoma regional. En el curso del proceso, un magistrado de la Sala manifestó su impedimento para intervenir debido a que dos de sus hermanos tienen vínculos laborales directos con las partes implicadas: uno se desempeña como procurador judicial en la Procuraduría, entidad demandante, y otro es contratista en la corporación demandada. El magistrado fundamentó su impedimento en las causales contempladas en los numerales 3 y 4 del artículo 130 del CPACA, que establecen la obligación de declararse impedido cuando el juez o magistrado tenga parientes hasta el segundo grado con cargos directivos, asesores o contratistas en las entidades que participan en el proceso.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado recordó que, conforme al artículo 44 de la Ley 472 de 1998, en aspectos no regulados por dicha norma se debe aplicar el CPACA para el trámite de las acciones populares. En consecuencia, correspondió a esta Sala resolver el impedimento conforme a las disposiciones del Código. El análisis se centró en la interpretación de las causales de impedimento previstas en el artículo 130 del CPACA. En particular, el numeral 3 establece que debe declararse impedido el magistrado cuando alguno de sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad ocupe cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo en alguna de las entidades partes del proceso. El Consejo evaluó la función de procurador judicial II en la Procuraduría General de la Nación y concluyó, basándose en precedentes jurisprudenciales y en la normativa reglamentaria, que dicho cargo corresponde a nivel directivo, dado que implica funciones de dirección y representación del Ministerio Público. Por esta razón, el vínculo de parentesco del magistrado con un servidor público en cargo directivo en la entidad demandante configuró la causal para declarar fundado el impedimento. Sobre la segunda causal invocada referente a un hermano contratista en la parte demandada, la Sala consideró que la primera causal resultaba suficiente para resolver el impedimento y, por ende, no entró a estudiar este punto.

Decisión y efectos

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado y ordenó separarlo del conocimiento del proceso. Posteriormente, el expediente fue remitido al despacho encargado para continuar con el trámite correspondiente. Esta decisión destaca la importancia de garantizar la imparcialidad y la transparencia en la administración de justicia administrativa, evitando posibles conflictos de interés derivados de vínculos familiares con las partes involucradas en los procesos judiciales. De esta manera, se fortalece la confianza en las instituciones y se asegura que los procesos se desarrollen bajo principios de ética y legalidad.