Contexto y antecedentes del caso
La presente providencia fue emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un proceso de pérdida de investidura contra un concejal del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, correspondiente al período 2024-2027.
El proceso se inició mediante solicitud presentada en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011, por presunta violación del régimen de conflicto de intereses, consagrado en las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000. La solicitud se fundamentó en que el concejal, sin declararse impedido, participó y votó favorablemente un Acuerdo Municipal que otorgaba beneficios tributarios temporales a contribuyentes deudores, incluyendo al propio concejal, por lo que se configuraría un interés económico directo.
El Tribunal Administrativo de Casanare, en primera instancia, decretó la pérdida de investidura, señalando la existencia de los elementos objetivo y subjetivo del conflicto de intereses y la omisión del concejal de declararse impedido.
Posteriormente, el concejal interpuso recurso de apelación, presentando como cuestión procesal previa una solicitud para que el Consejo de Estado, a través de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, asumiera el conocimiento del proceso para proferir una sentencia de unificación jurisprudencial, invocando razones de importancia jurídica, trascendencia social y necesidad de sentar jurisprudencia.
La solicitud de unificación jurisprudencial y su análisis
La petición para que la Sala Plena asumiera conocimiento fue fundamentada en la existencia de múltiples procesos de pérdida de investidura contra concejales del mismo municipio, y en la necesidad de resolver cuestiones jurídicas novedosas, incluidas:
- La cuestión de la convencionalidad respecto a la integración de la Constitución Política con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), especialmente sobre la competencia judicial para privar a un servidor público de su investidura.
- La pertinencia de interpretar las causales de pérdida de investidura en concordancia con la CADH, limitando su aplicación a hechos tipificados como punibles en el Código Penal.
- La revisión del régimen legal aplicable a concejales en materia de conflicto de intereses, a la luz de cambios legislativos recientes que afectan a congresistas y diputados, con base en los principios de igualdad y favorabilidad.
La Sala examinó la competencia para conocer la solicitud, confirmando que corresponde a la Sección Primera analizar y decidir sobre la petición, dado que el proceso se encuentra en segunda instancia y proviene de un tribunal administrativo.
Respecto a los presupuestos para la procedencia de la unificación jurisprudencial, se valoraron la importancia jurídica, la trascendencia social y la necesidad de sentar jurisprudencia. La Sala recordó que la importancia jurídica se relaciona con la novedad y el impacto en el ordenamiento jurídico; la trascendencia social atañe a las repercusiones significativas en la comunidad; y la unificación jurisprudencial busca resolver discrepancias o establecer criterios claros para la interpretación y aplicación del derecho.
Consideraciones y decisión final
Sobre la trascendencia social invocada, la Sala observó que, aunque existen varios procesos de pérdida de investidura en curso contra algunos concejales del municipio, no se configura que se trate de “gran parte” de los integrantes del concejo municipal, ni se evidenció la existencia de una coalición mayoritaria cuya composición pudiera verse afectada de manera significativa por estas decisiones.
En cuanto a la importancia jurídica y la necesidad de sentar jurisprudencia, la Sala concluyó que los argumentos presentados corresponden a cuestionamientos propios del juicio de segunda instancia para revocar la sanción impuesta. Por ello, no constituyen elementos suficientes para justificar la unificación jurisprudencial en esta etapa procesal.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolvió:
- No avocar la solicitud de proferir sentencia de unificación jurisprudencial presentada en el recurso de apelación del concejal.
- Devolver el proceso al despacho sustanciador para continuar con el trámite correspondiente.
- Establecer que la decisión es irrecurrible, conforme a la Ley 1437.
Esta providencia refleja el rigor con que el Consejo de Estado evalúa las solicitudes de unificación jurisprudencial, asegurando que únicamente se acepten cuando existan elementos que justifiquen su procedencia, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la coherencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Con esta decisión, se reafirma el criterio de que la unificación jurisprudencial debe reservarse para asuntos de verdadera trascendencia y novedad, evitando dilaciones innecesarias en los procesos que puedan afectar la administración de justicia.
