Congreso debate la Reforma Integral del Sistema de Salud en Colombia
Congreso debate la Reforma Integral del Sistema de Salud en Colombia
Proviene de: Gacetas
11 de septiembre de 2025 17:5:7
Objetivo y alcance del proyecto
El Proyecto de Ley número 312 de 2024 tiene como finalidad reformar profundamente el Sistema de Salud colombiano, con la intención de corregir las deficiencias de la legislación vigente, particularmente la Ley 100 de 1993. La propuesta busca establecer un nuevo modelo de aseguramiento social, centralizando la administración de los recursos públicos en una entidad única denominada Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), que asumirá funciones ampliadas, incluyendo la gestión financiera, auditoría y pago directo a prestadores de servicios. Además, el proyecto introduce la transformación progresiva de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en "gestoras de salud y vida", entidades con menor responsabilidad en gestión financiera pero con acceso a incentivos económicos.
Este proyecto afecta principalmente el ámbito social y económico, dado su impacto en la prestación del derecho fundamental a la salud y en el manejo de grandes recursos públicos. Actualmente, la iniciativa se encuentra en la fase de segundo debate en la Cámara de Representantes, con aprobación de varias secciones y votaciones en curso. Se espera que, tras finalizar esta etapa, el proyecto sea remitido al Senado para su revisión y eventual aprobación. El calendario legislativo prevé la continuación de debates, con posibilidad de modificaciones adicionales y presentación de nuevas proposiciones.
Contexto y problemática actual
El sistema de salud colombiano ha enfrentado críticas por su fragmentación, desigualdad en la asignación de recursos entre regímenes contributivo y subsidiado, deficiencias en la prestación de servicios, corrupción y falta de transparencia en el manejo de recursos. Particularmente, la intermediación de las EPS ha sido señalada como una fuente de ineficiencia y corrupción, con múltiples casos de sobrecostos, pagos indebidos y dificultades en la atención oportuna a los pacientes, especialmente en enfermedades de alta complejidad y crónicas.
En este contexto, el Gobierno nacional presentó esta reforma como una solución para fortalecer el sistema público, mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad financiera. Sin embargo, el proyecto ha generado un debate intenso debido a la magnitud de los cambios propuestos y al impacto que podrían tener en la organización del sistema y en los derechos de los usuarios.
Contenido clave de la reforma
Entre las principales disposiciones del proyecto destacan:
- Centralización de recursos y funciones en la Adres: La entidad será responsable de administrar el Fondo Único Público de Salud, realizar pagos directos a prestadores públicos, privados y mixtos, y ejercer control financiero y auditorías en coordinación con las gestoras de salud y vida.
- Transformación y regulación de las gestoras de salud y vida: Estas entidades, derivadas de las actuales EPS, recibirán un porcentaje fijo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con incentivos basados en indicadores de desempeño y calidad, pero con menor responsabilidad en la gestión financiera.
- Desarrollo y fortalecimiento de las Redes Integrales de Prestación de Servicios (RIPS): Se prevé la organización de prestadores mediante contratos y convenios con las gestoras, con participación del Ministerio de Salud y las autoridades territoriales.
- Implementación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS): Estos centros tendrán un rol central en la atención primaria, adscripción poblacional y vigilancia en salud pública, aunque se advierte la precariedad de infraestructura y recursos en zonas rurales y apartadas.
- Mecanismos de auditoría y pago: Se establece que la Adres deberá pagar al menos el 85% de la factura presentada en un plazo máximo de 30 días, con auditorías posteriores realizadas por las gestoras en un plazo de 60 días. En caso de incumplimiento, se contempla la devolución de pagos indebidos.
- Financiación: Se incorporan nuevas fuentes de financiación, incluyendo impuestos a productos no saludables, con la finalidad de aumentar los recursos destinados al sistema.
- Sanciones y controles: Se establecen mecanismos para la supervisión y sanción de irregularidades, incluyendo la participación de la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General y las autoridades territoriales.
Debate y posturas en el Congreso
El debate en la Cámara de Representantes ha sido marcado por posiciones encontradas:
- Apoyo al proyecto: Los ponentes y algunos sectores del oficialismo defienden la reforma como una solución necesaria para corregir problemas estructurales, reducir la corrupción y garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, especialmente en zonas rurales y para poblaciones vulnerables. Se destaca la intención de fortalecer la atención primaria y mejorar la eficiencia financiera mediante la centralización y la eliminación de la intermediación ineficiente.
- Críticas y preocupaciones: La oposición y algunos congresistas independientes expresan múltiples reservas. Señalan que la reforma concentra excesivas funciones y recursos en la Adres, entidad que consideran insuficientemente preparada para asumirlas, lo que podría generar riesgos de corrupción y desfinanciamiento. Además, advierten que las nuevas "gestoras" recibirán una remuneración elevada con pocos incentivos para controlar el gasto y evitar fraudes. Se cuestiona la falta de garantías para una transición ordenada de las EPS, la fragmentación del sistema y la insuficiencia del financiamiento futuro.
También se han planteado preocupaciones sobre la capacidad real de los CAPS para asumir responsabilidades ampliadas, especialmente en regiones apartadas con limitada infraestructura, y la ausencia de participación directa del Ministerio de Salud y altos funcionarios para explicar y sustentar técnicamente la reforma durante el debate.
- Cuestiones jurídicas: Se han suscitado debates sobre la procedencia y tramitación de recusaciones y impedimentos presentados contra congresistas vinculados al proceso, con cuestionamientos a la actuación de la Mesa Directiva y la Comisión de Ética. Asimismo, se ha discutido la necesidad de que ciertas disposiciones sean tramitadas mediante leyes orgánicas o estatutarias dada su relevancia en la estructura del sistema y la garantía de derechos fundamentales.
Comparación con experiencias internacionales
Aunque el análisis detallado de legislaciones comparadas no ha sido central en el debate actual, la reforma incorpora elementos de sistemas de salud integrados y financiados públicamente observados en otros países, como la centralización de pagos y la organización de redes integradas. Sin embargo, las preocupaciones internas sobre la capacidad operativa, la financiación y la transparencia reflejan dificultades comunes en reformas de salud de gran envergadura en contextos con desafíos institucionales y políticos complejos.
Impacto potencial y próximos pasos
De aprobarse, la reforma implicará una transformación radical del sistema de salud, con efectos sobre la organización, administración y financiamiento que impactarán a usuarios, prestadores y actores políticos. La implementación requerirá un proceso ordenado, inversiones significativas en infraestructura y talento humano, y un robusto sistema de control para evitar riesgos de corrupción y desfinanciamiento.
El proyecto continúa en trámite en la Cámara de Representantes, con debates pendientes y posibles modificaciones. Posteriormente, será analizado en el Senado, donde el debate político y técnico seguirá siendo intenso. Dada la complejidad y controversia, es posible que la reforma sea objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que evaluará su conformidad con la Constitución y los derechos fundamentales.
En suma, la reforma del sistema de salud plantea un cambio estructural que busca corregir deficiencias históricas, pero enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad, transparencia y eficacia, en un contexto político y social altamente polarizado y con profundas implicaciones para la garantía del derecho a la salud de los colombianos. El desarrollo del proceso legislativo y la participación activa de la sociedad civil serán determinantes para el futuro del sistema de salud en Colombia.
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.