Objetivo y contexto del debate legislativo
El objetivo principal de esta sesión legislativa fue ejercer control político sobre las acciones del Gobierno Nacional frente a la crisis humanitaria y ambiental que afecta a La Mojana, región compuesta por 11 municipios de cuatro departamentos, principalmente el de Sucre. La problemática surge desde la ruptura del dique en el sector de Caregato, que ha generado inundaciones prolongadas, afectando a más de 42.700 habitantes y causando pérdidas millonarias en cultivos y ganado, así como graves daños ambientales y sociales.
El proyecto de ley o proposición que motivó la sesión, presentada por varios senadores, busca visibilizar la crisis, solicitar informes detallados y comprometer a las entidades responsables a presentar planes concretos para la mitigación, recuperación y atención integral a las comunidades afectadas. La iniciativa se encuentra en etapa de debate y control político, con un llamado a la transparencia, a la eficiencia en la ejecución de recursos y a la articulación interinstitucional.
Problemáticas y desafíos identificados
Durante la sesión, se expuso que la región enfrenta una crisis prolongada que ha empeorado por la falta de respuestas efectivas y oportunas por parte de las autoridades. Se destacó que desde 2021, cuando ocurrió la primera ruptura del dique, se han realizado múltiples estudios técnicos, pero que los avances en ejecución de obras han sido insuficientes y tardíos. Se cuestionó la gestión contractual, la idoneidad de los contratistas, la ausencia de planes claros, y la falta de cierre del boquete de Caregato, que según órdenes judiciales debe ser atendido de manera prioritaria.
Además, se denunció la afectación a la producción agrícola y ganadera, la pérdida de tierras productivas, la crisis humanitaria derivada de la falta de acceso a servicios básicos y la contaminación del agua, producto de la minería ilegal y la sedimentación, que ha tenido impactos en la salud de la población. También se mencionó la insuficiente participación y consulta a las comunidades locales, así como las tensiones políticas y sociales que dificultan la gestión.
Medidas y proyectos clave en marcha
El debate permitió conocer los avances y planes del Gobierno Nacional y sus entidades para atender la emergencia:
- Ampliación del Canal de La Esperanza: Contratación de maquinaria amarilla para ensanchar el canal, con un presupuesto aproximado de 17.000 millones de pesos, con el fin de reducir el flujo de agua hacia el boquete de Caregato. Se informó que esta obra debe ejecutarse en un plazo de 3 a 5 meses, aunque se señalaron retrasos y dudas sobre la llegada de la maquinaria y la disponibilidad predial.
- Contratación y ejecución de proyectos productivos: Se adjudicó un contrato por cerca de 36.000 millones de pesos para la reactivación económica de la cadena productiva del arroz, a una unión temporal de fundaciones y empresas con limitada experiencia en el sector agroindustrial y en la región.
- Obras de protección urbana: Proyecto iniciado en 2020 con un presupuesto cercano a 90.000 millones de pesos para proteger los cascos urbanos de San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar). Se reportó un desfase entre el presupuesto inicial y el valor requerido tras los estudios técnicos, lo que limita el alcance actual de las obras.
- Rehabilitación ecológica: Convenios con organizaciones comunitarias para intervenir 400 hectáreas afectadas, con énfasis en la participación local y el apoyo técnico de la Universidad del Atlántico.
- Plataforma tecnológica Mojanía: Desarrollo de una herramienta basada en inteligencia artificial para el análisis y toma de decisiones en gestión de riesgos y planificación territorial, con una inversión cercana a 10.000 millones de pesos.
- Equipamientos multiusos: Construcción de refugios para emergencias en zonas rurales, con una inversión aproximada de 8.300 millones de pesos, diseñados para resistir inundaciones y dotados de servicios básicos.
Posturas contrapuestas y debate político
El debate evidenció profundas diferencias entre los congresistas y los funcionarios citados. Por un lado, los senadores manifestaron preocupación por la lentitud, falta de claridad y transparencia en la gestión, exigiendo compromisos concretos para el cierre definitivo del boquete de Caregato y la atención integral a la población. Se destacaron denuncias sobre posibles contrataciones irregulares, inadecuada selección de contratistas, y escasa participación comunitaria.
Por otro lado, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo defendió las acciones emprendidas, explicando las dificultades técnicas, administrativas y políticas, así como las amenazas y tensiones en el territorio que obstaculizan la ejecución. Subrayó que el proyecto integral para La Mojana busca preservar los ecosistemas y evitar convertir la región en un área exclusivamente agropecuaria, en coherencia con una visión ambientalista del Gobierno Nacional. Reconoció limitaciones en recursos y capacidades estatales, y la necesidad de cumplir con los principios de planeación y contratación pública.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aportó un análisis técnico sobre las condiciones climáticas actuales y previstas, aclarando que las lluvias para el periodo 2025-2026 se mantienen dentro de los promedios históricos, aunque con impactos acumulados por vulnerabilidades previas. Subrayó la incertidumbre inherente a las predicciones a largo plazo y la importancia de los monitoreos continuos y la comunicación efectiva de alertas tempranas.
Impacto potencial y próximos pasos
El debate en la Comisión Sexta del Senado evidenció la complejidad y multidimensionalidad de la crisis en La Mojana, que involucra aspectos técnicos, sociales, ambientales, económicos y políticos. La atención efectiva de esta emergencia requiere acciones coordinadas, transparencia en la gestión, participación comunitaria, y compromiso político para superar barreras históricas y estructurales.
En cuanto al trámite legislativo, la sesión corresponde a una etapa de control político y seguimiento a la gestión pública, con la expectativa de que las entidades responsables presenten informes detallados y concreten planes de acción. Se solicitó la presencia directa de los ministros titulares para futuras sesiones, así como un mayor cumplimiento de las obligaciones institucionales para responder a las inquietudes del Congreso.
Este debate refleja la importancia del ejercicio de control político en el Congreso para garantizar la protección de derechos humanos, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, especialmente en regiones vulnerables como La Mojana. La atención a esta crisis puede sentar precedentes para la gestión de riesgos en Colombia y fortalecer la relación entre el Estado y las comunidades afectadas.
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Este análisis se basa en las actas y documentos oficiales del Senado de la República de Colombia y refleja el contenido del proyecto de ley y el debate legislativo correspondiente a la crisis en La Mojana, sin que hasta la fecha haya una ley aprobada o vigente sobre este asunto.