Entidad emisora y contexto normativo
La Resolución 165 de 2025, emitida el 20 de agosto de 2025 por la Dirección Territorial Santander del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), responde a la necesidad de ajustar valores catastrales en los municipios de Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Simacota. Esta acción se fundamenta en el marco legal establecido principalmente por la Ley 2294 de 2023 —que modifica aspectos de la gestión catastral—, la Ley 14 de 1983, la Ley 1955 de 2019, y disposiciones reglamentarias como el Decreto 846 de 2021 y resoluciones previas del IGAC.
Asunto principal y destinatarios
El tema central de la resolución es la corrección de los valores unitarios de terreno rural en las Zonas Homogéneas Geoeconómicas (ZHG) de los municipios mencionados. El ajuste responde a inconsistencias detectadas tras la incorporación de datos en el Sistema Nacional Catastral, que generaron incrementos distintos a los validados en las mesas técnicas realizadas por la Dirección Territorial Santander. Los destinatarios principales son los propietarios de predios rurales en dichas zonas, así como las autoridades municipales y entidades relacionadas con la gestión catastral y fiscalización tributaria local.
Objetivo y finalidad de la resolución
El propósito de esta resolución es corregir errores formales en la tabla de valores unitarios de terreno rural, asegurando que los avalúos catastrales correspondan a los incrementos técnicamente validados. Esta corrección se realiza en virtud del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, que establece el procedimiento para la actualización automática de avalúos en zonas rurales, y busca garantizar la seguridad jurídica y la adecuada administración tributaria territorial.
Decisiones y regulaciones principales
La resolución establece:
- Ajuste puntual en el valor unitario de terreno en las ZHG rurales de Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Simacota, corrigiendo las diferencias originadas por inconsistencias entre la base de datos cartográfica y alfanumérica.
- Aplicación inmediata de esta liquidación a todos los predios ubicados en dichas zonas, con vigencia desde el 1 de enero de 2025.
- Notificación obligatoria a los municipios involucrados para efectos administrativos y de conocimiento público.
- Inaplicabilidad de recursos contra esta resolución, conforme al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, garantizando así la estabilidad jurídica de la decisión.
Fundamento legal y normativo
Esta resolución se apoya en un amplio marco jurídico que incluye:
| Norma |
Contenido relevante |
| Ley 14 de 1983 |
Define las funciones de las autoridades catastrales en la formación y actualización del catastro. |
| Ley 1955 de 2019 y Ley 2294 de 2023 |
Regulan la gestión catastral como servicio público con enfoque multipropósito y establecen procedimientos para actualización masiva de avalúos. |
| Decreto 846 de 2021 |
Organiza la estructura del IGAC y asigna funciones a sus direcciones territoriales. |
| Resoluciones IGAC 1040 de 2023 y 746 de 2024 |
Modifican procedimientos técnicos y plazos para la actualización catastral. |
| Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) |
Permite la corrección de errores formales en actos administrativos para asegurar la eficacia del procedimiento. |
Impacto potencial y vigencia
El ajuste realizado por esta resolución tiene un impacto directo en la actualización de los avalúos catastrales rurales de los municipios afectados, lo que puede influir en la base gravable para impuestos prediales y en la planificación territorial local. La corrección asegura que los valores reflejen con precisión las condiciones económicas y geográficas validadas técnicamente, evitando distorsiones en la tributación y promoviendo la transparencia en la administración pública. La vigencia de los nuevos valores inicia el 1 de enero de 2025, con aplicación inmediata en todos los predios de las zonas ajustadas.
Conclusión
La Resolución 165 de 2025 del IGAC representa una medida técnica y jurídica para corregir inconsistencias en la información catastral rural en Santander, alineándose con la normativa vigente y fortaleciendo la gestión catastral con criterios de eficiencia y seguridad jurídica. Su aplicación garantiza la actualización adecuada de los avalúos, contribuyendo al equilibrio fiscal y a la correcta gestión del territorio en la región, consolidando así un sistema catastral confiable y actualizado que beneficia tanto a los propietarios como a las autoridades locales.
